La Junta de Andalucía ha aprobado el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley Andalucía Digital (LADI), cuyo objetivo es potenciar la digitalización y prevenir los riesgos asociados a la misma, preservando y ampliando los derechos y libertades de la ciudadanía. Combatirá la brecha digital que afecta a las personas con menos recursos en base a principios generales como la capacitación, la orientación al dato, la personalización, la proactividad y la libertad digital, impulsando el derecho al acceso universal a la tecnología y a la información.
El anteproyecto de LADI marca tres objetivos: facilitar la digitalización plena de la sociedad andaluza, detectar y eliminar las barreras e impedimentos administrativos y paliar las posibles carencias que puedan tener las normativas básicas desde el punto de vista de la transformación digital.
La futura legislación establecerá que el deber de las personas físicas a relacionarse electrónicamente podrá determinarse por la administración autonómica siempre que esté asegurada la atención personalizada a quienes la precisen para el cumplimiento de la obligación.
Para ello, recoge la creación de la Red de Asistencia para la Realización de Trámites Digitales. Se establecerán instrumentos de colaboración con instituciones y organizaciones representativas de sectores o intereses sociales para que puedan realizar trámites y otras transacciones electrónicas en representación de las personas que no los puedan realizar.
Asimismo, consagrará un nuevo derecho a la asistencia remota para llevar a cabo trámites digitales por parte de las personas físicas no obligadas a la relación electrónica a través de videollamada y un canal de información gratuito de mensajería instantánea.
Relación digital entre el sector público y la ciudadanía
La LADI también regulará las relaciones digitales del sector público con la ciudadanía. Las personas solo tendrán que facilitar la información una vez gracias a mecanismos de reutilización interna de datos y documentos. Además, impulsará la aplicación web y móvil de la Carpeta Ciudadana en la región.
De la misma manera, fomentará el emprendimiento y la ayuda a nómadas digitales, la implantación de tecnologías avanzadas como la automatización, la inteligencia artificial y la nube, y la ciberseguridad. En consonancia con su apuesta por la cooperación con otras administraciones, se creará en Málaga la Agencia de Ciberseguridad de Andalucía y en Granada el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía. Este último arrancará en el segundo semestre de 2025.
La ley recoge también el Pacto Andalucía Digital, que promoverá y generará confianza en el uso de las tecnologías. Se publicarán una serie de indicadores digitales, se identificará a las empresas que cumplan los requisitos mediante un sello de adhesión y se creará el Consejo Andalucía Digital como órgano de participación colegiado, consultivo y de asesoramiento de las administraciones públicas andaluzas en digitalización.
Igualmente, consagrará los objetivos del Plan de Capacitación Digital de Andalucía 2022-2025. Como novedad, a través de Andalucía Vuela, la ciudadanía andaluza podrá obtener una certificación gratuita de competencias digitales.
Ciberseguridad, datos e infraestructuras digitales
La LADI salvaguardará los valores fundamentales y promoverá un entorno digital saludable para proteger a los grupos de riesgo. Para los más jóvenes se prevé crear un ciberescudo andaluz en forma de aplicación gratuita para los progenitores y se habilitará una plataforma que recopilará un conjunto de buenas prácticas para los menores y un espacio de ciberescuela de padres.
También implantará un espacio de datos andaluz que favorezca la reutilización y compartición, articulándose un convenio marco sobre gobernanza del dato; así como un centro de proceso de datos e infraestructuras, puntos de interconexión y para la computación en nube. En esta línea, la futura ley prevé crear la nube corporativa de la Junta de Andalucía, que dará servicio al sector público y a la cual podrán adherirse entidades locales y universidades.
Adicionalmente, regulará la gestión de la infraestructura digital existente en Andalucía formulando un Plan de Infraestructuras Digitales y creará tanto un inventario de infraestructuras públicas para la conectividad de Andalucía como una sede electrónica compartida en materia de infraestructuras digitales y para la conectividad.