El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha acordado con las comunidades autónomas el reparto de 28 millones de euros del Espacio Nacional de Datos de Salud o Data Lake Sanitario. La distribución ha sido aprobada durante la Conferencia Sectorial de Transformación Digital.
El Espacio Nacional de Datos de Salud será una plataforma para el análisis de datos que permitirá identificar y mejorar el diagnóstico de enfermedades, predecir situaciones de riesgo sanitario y mejorar la salud de la ciudadanía gracias a la información de los diferentes sistemas y datos públicos relevantes.
La inversión total de 100 millones de euros, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se destina a tres líneas de trabajo: adquisición de infraestructura tecnológica para la construcción del Data Lake Sanitario, trabajos de apoyo para la definición, desarrollo y despliegue de casos de uso; y preparación de los datos e incorporación de las comunidades al Data Lake. Este proyecto se alinea con el futuro Reglamento europeo de espacios de datos sanitarios, cuya aprobación está prevista para finales de 2024.
Preparación e interconexión de los datos
El acuerdo alcanzado entre el Ministerio para la Transformación Digital y las comunidades autónomas se refiere a la última línea de trabajo. El reparto de 28 millones de euros entre las comunidades, las ciudades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), permitirá el desarrollo de los trabajos necesarios de preparación e interconexión de los datos en el Espacio Nacional de Datos de Salud.
En concreto, el crédito se destinará a tareas como la definición y desarrollo de casos de uso; análisis, limpieza y tratamiento de datos para la seguridad, privacidad y calidad; trabajos para la conectividad e interoperabilidad, y coordinación y colaboración con los responsables del proyecto.
Para llevar a cabo la distribución, se ha tenido en cuenta una cantidad fija (34% del total del presupuesto) y otra variable en función del volumen de población (66% del total), a fin de asegurar que todas las regiones mantienen un nivel suficiente de recursos tecnológicos y organizativos que permitan hacer disponibles los datos. Las autonomías podrán ejecutar el presupuesto hasta diciembre de 2025.