El Consejo Europeo ha aprobado definitivamente la Ley de infraestructura gigabit, que simplificará y acelerará el despliegue de redes de alta velocidad, como la fibra y el 5G, con el propósito de alcanzar los objetivos de conectividad de Europa marcados para esta década. Esta legislación sustituirá a la Directiva europea de reducción de costes de banda ancha de 2014.
La nueva Ley de infraestructura gigabit pretende reducir los costes innecesariamente elevados del despliegue de redes de alta capacidad, causados en parte por los procedimientos de concesión de permisos. Estos procesos se simplificarán mediante un mecanismo de conciliación obligatorio entre los organismos del sector público y los operadores de telecomunicaciones.
Asimismo, esta legislación proporcionará más transparencia y garantizará una planificación eficiente para los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas. También aborda la implementación y el acceso a la infraestructura física interior para que tanto la ciudadanía como las empresas tengan un mejor acceso a los servicios de la sociedad de la información.
Dado que el actual límite de precio minorista para las comunicaciones reguladas dentro de la Unión Europea expirará el próximo 14 de mayo, los límites actuales para llamadas y SMS se amplían hasta el 30 de junio de 2032 con la finalidad de garantizar la protección de los consumidores, especialmente de los más vulnerables.
Entrada en vigor y aplicación
La Ley de infraestructura gigabit también permite cierto grado de flexibilidad a los Estados miembros de la Unión Europea, como excepciones para infraestructura nacional crítica.
Esta normativa se publicará próximamente en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor tres días después. Se aplicará a los 18 meses de su entrada en vigor, a excepción de algunas disposiciones específicas, que se aplicarán posteriormente.