El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para digitalizar y descarbonizar el sistema de transportes, que será remitido a las Cortes Generales para su tramitación por la vía de urgencia y aprobación en 2024, en cumplimiento con los objetivos de la adenda al Plan de Recuperación. Se trata del mismo texto validado en diciembre de 2022, que decayó por la convocatoria de elecciones generales.
La futura Ley de Movilidad Sostenible constituirá el marco normativo que permitirá a las administraciones responder mejor a las necesidades de movilidad y transporte de la ciudadanía y a los retos de sostenibilidad, digitalización y cohesión social y territorial.
Regulará soluciones innovadoras como el transporte a demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o las bases del vehículo autónomo; y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos de administraciones, gestores de infraestructura y operadores públicos y privados. Esto ayudará a abrir nuevas oportunidades de negocio y mejorar la toma de decisiones.
Esta iniciativa legislativa se enmarca en el Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos del Plan de Recuperación, y está en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pacto Verde Europeo o la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Comisión Europea.
Movilidad sostenible, digital e innovadora
El marco regulatorio se cimienta en cuatro pilares, empezando por el reconocimiento de la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía, incluyendo el medio rural, y un elemento de cohesión social accesible e inclusivo que las administraciones deberán garantizar. También pone de manifiesto la importancia estratégica del transporte de mercancías.
El segundo pilar busca avanzar hacia una movilidad limpia y sana mediante la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales y mejorar la calidad del aire. Se priorizará la movilidad activa, el transporte público colectivo accesible y asequible, y las alternativas al vehículo privado, así como se reforzará el papel de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
El texto incluye la creación del Espacio Integrado de Datos de Movilidad (EDIM), donde empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán sus datos a fin de optimizar la toma de decisiones. Incorpora herramientas para facilitar la digitalización y la innovación, como la creación de un sandbox para probar soluciones innovadoras de movilidad o los principios para introducir los vehículos autónomos.
El cuarto pilar apuesta por mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, y por incluir nuevas herramientas de participación pública, transparencia y rendición de cuentas.
Creación de un sistema nacional para la coordinación
El proyecto de Ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que facilitará la coordinación entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Consta del Foro Administrativo de Movilidad Sostenible para la cooperación entre todas las administraciones, el Consejo Superior de Movilidad Sostenible para facilitar la colaboración con el sector y los usuarios, el EDIM y un documento estratégico de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible que se coordinará con todas las administraciones (DOMOS).
Adicionalmente, la legislación garantiza la contribución financiera del Estado para la movilidad sostenible en el ámbito urbano mediante un sistema homogéneo y predecible. Por otro lado, introduce la obligación de que los grandes centros de actividad y empresas con más de 500 trabajadores por centro o 250 por turno dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo.
Entre las nuevas exigencias en la planificación, a nivel estatal se elaborará un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM) y para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes se establecen los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados. A su vez, determina que los planes de movilidad urbana sostenible deben contener medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías, cooperando con otros municipios colindantes para el establecimiento de criterios homogéneos para facilitar el transporte y la logística de última milla entre núcleos urbanos limítrofes.
Concienciación y digitalización
En la vertiente social, el texto fomenta la realización de campañas de concienciación y sensibilización en materia de movilidad sostenible y segura, y prevé la introducción de formación en este ámbito.
En cuanto a la digitalización, profundiza en obligaciones ya existentes en la normativa europea para que los proveedores de servicios de transporte de viajeros y los gestores de infraestructuras faciliten la información de los servicios al Punto de Acceso Nacional. Así, se propicia la creación de aplicaciones y otras soluciones de planificación de rutas y viajes que hacen más sencillo el uso del transporte público y fomentan la intermodalidad. También se mejorará la información pública disponible sobre la localización de los puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Durante el trámite parlamentario, el texto legislativo está abierto a enmiendas para dar respuesta a los retos que han surgido en los últimos meses en el sector.