El Consejo Europeo y el Parlamento han alcanzado un acuerdo provisional sobre la propuesta de la Comisión de sustituir la Directiva de reducción de costes de banda ancha por la Ley de infraestructura gigabit. Así, se busca disminuir la carga administrativa para acelerar el despliegue de fibra y 5G, permitiendo una navegación más rápida a la ciudadanía. Ahora, continuarán los trabajos técnicos de los expertos de ambas instituciones con vistas a adoptar formalmente y publicar la legislación en el Diario Oficial de la UE.
La Ley de infraestructura gigabit contribuirá a alcanzar los objetivos y metas de conectividad, tal y como establece la Brújula Digital, y a desplegar las redes de comunicaciones electrónicas de próxima generación en Europa.
Tiene por objeto acelerar el despliegue de las redes, proporcionar seguridad jurídica y transparencia para todos los actores económicos involucrados, y proporcionar procesos de planificación e implementación más eficientes para los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas.
También tiene como meta reducir los costes innecesariamente altos del despliegue de infraestructura de comunicaciones electrónicas, causados en parte por los procedimientos de concesión de permisos antes del despliegue o actualización de las redes. Estos procedimientos son complejos, a menudo largos y diferentes según los Estados miembros.
Además, esta legislación de naturaleza de armonización mínima aborda el despliegue y el acceso a la infraestructura física interior. Se espera que facilite las aplicaciones transfronterizas y permita a las partes interesadas, operadores de comunicaciones electrónicas, fabricantes de equipos o empresas de ingeniería civil lograr mejores economías de escala.
Enmiendas a la propuesta de Ley de infraestructura gigabit
El acuerdo provisional entre el Parlamento Europeo y el Consejo incluye una serie de enmiendas a la propuesta de Ley de infraestructura gigabit. Se ha introducido un mecanismo de conciliación obligatorio entre los organismos del sector público y los operadores de telecomunicaciones, como paso intermedio para facilitar la concesión de permisos.
Asimismo, se han incluido una excepción para un periodo de transición para municipios más pequeños y disposiciones específicas para promover la conectividad en áreas rurales y remotas, así como para abordar la presencia de intermediarios entre los propietarios de tierras y los operadores de infraestructuras.
Igualmente, se han aclarado los factores a la hora de calcular las condiciones justas y razonables de acceso y se han acordado varias disposiciones específicas sobre una etiqueta voluntaria de ‘listo para la fibra’ para edificios. Por último, el texto incluye varias excepciones para infraestructura nacional crítica.
Entrada en vigor y aplicación
El acuerdo provisional garantiza que los Estados miembros tengan una amplia autonomía para emitir normas más estrictas y detalladas sobre varios elementos importantes de esta nueva regulación.
Una vez aprobado, el proyecto de Ley de infraestructura gigabit se someterá a una revisión jurídico-lingüística antes de ser adoptado formalmente por ambas instituciones. Posteriormente, se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor 20 días después. La nueva legislación se aplicará a los 18 meses de su entrada en vigor y algunas disposiciones específicas en una etapa posterior.