La Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía ha anunciado el inicio de la tramitación de la Ley Andalucía Digital (LADI) con la apertura del periodo de 30 días para consultas públicas previas a la elaboración del anteproyecto. Esta ley tiene la finalidad de impulsar la economía digital, mejorar la eficiencia de los servicios públicos y reducir la brecha digital.
La Ley Andalucía Digital proporcionará un marco legal para la innovación tecnológica y la seguridad digital, así como para todas las estrategias que está implantando el gobierno autonómico a través de la Agencia Digital de Andalucía.
Ya se han aprobado la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025, el Plan de Capacitación Digital de Andalucía 2022-2025, la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial 2030 y para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales. Además, están en proceso de formulación la Estrategia Andaluza de Administración Digital centrada en las personas, la Estrategia Cloud de Andalucía 2030 y la de Emprendimiento Digital y Transformación Digital de la Pyme.
Entre otras novedades, la nueva legislación LADI contempla la creación de una red de asistencia para la realización de trámites digitales y un sistema de videollamada a través del teléfono 012 para asesoramiento digital. En esta misma línea, se establecerán instrumentos de colaboración con instituciones y organizaciones representativas de sectores o intereses sociales para que puedan realizar transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas que, por falta de medios o conocimientos, no las puedan realizar.
Objetivos de la Ley Andalucía Digital
Los objetivos fundamentales de la Ley Andalucía Digital incluyen facilitar la digitalización plena de la sociedad en todos sus ámbitos, el sector empresarial y la administración de la región, potenciando el sector digital como motor económico de Andalucía.
También busca detectar y eliminar las barreras e impedimentos administrativos que el actual ordenamiento jurídico presenta en todos los ámbitos y sectores. Por último, pretende paliar las posibles carencias de las normativas básicas en cualquier campo desde el punto de vista de la transformación digital.
Así, hará la vida más fácil a los andaluces a través del uso de soluciones tecnológicas y, como resultado, ofrecerá un mejor servicio a los sectores productivos y a la ciudadanía. Se podrán realizar aportaciones mediante la consulta pública previa a la elaboración de la normativa hasta el 18 de febrero de 2024.