España avanza en el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea en cuanto a cargadores de vehículos eléctricos, aunque sus provincias menos pobladas se sitúan a la cola. Así lo refleja un estudio elaborado por Transport & Environment (T&E), que indica que la España vaciada (que representa la mitad del territorio español), sólo cuenta con el 15% de los cargadores; mientras que las provincias de Madrid y Barcelona (que suponen el 3% del territorio nacional), albergan actualmente el 28% de todos los cargadores desplegados.
El informe de Transport & Environment España afirma que el despliegue de puntos de recarga en las grandes ciudades está siendo correcto y que se necesitan objetivos provinciales en este ámbito para que España construya una red suficiente en consonancia con el número de vehículos eléctricos matriculados en cada una de las provincias.
Según el estudio, la legislación de la UE establece que España deberá duplicar en 2027 el número de estaciones públicas de recarga y en 2030 tendrá que contar con una cantidad de cargadores aproximadamente 10 veces superior a la actual. T&E afirma que se trata de un objetivo ambicioso, pero que la multiplicación por 10 del número de cargadores desde 2020 demuestra que es factible.
El Reglamento europeo sobre Infraestructuras para Combustibles Alternativos (AFIR) determina dos objetivos de recarga para los Estados miembros: uno basado en el parque de vehículos eléctricos y otro basado en la distancia a intervalos de 60 kilómetros a lo largo de las principales carreteras europeas. El objetivo basado en la flota se aplica al conjunto del territorio de un país, por lo que el estudio subraya que es vital aplicarlo de forma descentralizada, dividiendo el objetivo nacional en objetivos provinciales.
La mayoría de cargadores se ubican en las provincias más pobladas
T&E y Ecodes han investigado la situación actual de la red de infraestructura de puntos de recarga pública para vehículos eléctricos. El resultado es un mapa que refleja la distribución de los cargadores, así como el cumplimiento del AFIR si este fuera aplicado a nivel provincial (y no nacional, que es el único objetivo presente en el Reglamento). A través de estos análisis, se concluye que la gran mayoría de los cargadores públicos se encuentran en las provincias que albergan las ciudades más grandes.
Además, el estudio indica la necesidad de tener en cuenta factores como los territorios de alta afluencia turística y segundas residencias, donde la cantidad de vehículos se multiplica durante algunos meses. Todo ello sin olvidar el tipo de vivienda predominante en cada zona, dado que el acceso a la recarga doméstica variará en función de si se trata de chalets individuales o de bloques de viviendas con o sin plaza de garaje, o si el aparcamiento es en propiedad o en alquiler, lo que directamente repercutirá en la demanda de recarga pública.
Así, T&E y Ecodes apuntan que el Gobierno debe seguir el ejemplo, entre otros, de Alemania o Países Bajos, y elaborar un plan nacional de despliegue de infraestructura de recarga con una ruta bien definida hasta el año 2030.