El Consejo Europeo ha aprobado unas conclusiones centradas en dos pilares: el empoderamiento digital de la ciudadanía y los sectores clave mediante la capacitación, y la construcción de un entorno digital seguro donde se protejan los derechos fundamentales.
Según datos de Eurostat, el 46% de la población europea carece actualmente de capacidades digitales básicas. En este contexto, las conclusiones del Consejo Europeo reafirman que los derechos fundamentales se aplican por igual online y offline, y que todas las personas deben tener acceso a la adquisición de habilidades digitales básicas con el fin de comprender y ejercer sus derechos.
Estas habilidades digitales también son necesarias para aprovechar todo el potencial de los servicios públicos y privados, que cada vez se prestan más en formato electrónico.
Así, el Consejo insta a los Estados miembros a tomar medidas para promover la alfabetización digital y multimedia, garantizar que toda la ciudadanía pueda acceder por igual a los servicios públicos online y sensibilizar sobre la importancia de proteger la privacidad. También sugiere asignar fondos para apoyar la educación, la formación y el desarrollo de competencias digitales y multimedia adaptadas a las necesidades de los diferentes colectivos.
Entorno digital seguro
El entorno digital puede verse amenazado por diversos desafíos, como la desinformación online, que provoca falta de confianza en las instituciones y los medios de comunicación. Por su parte, el aumento de los discursos y delitos de odio, así como la violencia cibernética ponen en riesgo los derechos fundamentales online.
En cuanto a la inteligencia artificial, puede tener importantes efectos positivos en la sociedad, pero si carece de transparencia y se utiliza sin salvaguardas ni controles también puede presentar un desafío.
Para desarrollar un entorno digital seguro, el Consejo Europeo anima a los Estados miembros a que sigan luchando contra los discursos y delitos de odio online mediante mejoras en las capacidades judiciales y policiales para investigar y procesar estas acciones.
Asimismo, insta a la Comisión Europea a combatir la desinformación y los contenidos ilegales en el mundo digital, supervisando y haciendo cumplir la Ley de Servicios Digitales, y evaluando periódicamente la aplicación del Código de prácticas reforzado sobre desinformación y el Código de conducta para luchar contra el discurso de odio online.