La Comisión Europea ha anunciado que la Ley de Chips entró en vigor este 21 de septiembre. La nueva legislación determina un conjunto integral de medidas para fortalecer las actividades de fabricación, estimular el ecosistema de diseño y apoyar la ampliación y la innovación de toda la cadena de valor en la UE.
Con la Ley de Chips se busca garantizar la seguridad del suministro, la resiliencia y la soberanía de la Unión Europea en tecnologías y aplicaciones de semiconductores. En concreto, se pretende alcanzar el objetivo de duplicar la actual cuota de mercado mundial hasta el 20% en 2030.
Iniciativa Chips para Europa
La nueva legislación consta de tres pilares, entre los que se encuentra la Iniciativa Chips para Europa, que será aplicada principalmente por la Empresa Común de Chips. Tiene por objeto reforzar la soberanía tecnológica de la UE, facilitando la transferencia de conocimientos del laboratorio a la fábrica, reduciendo la brecha entre la investigación, la innovación y las actividades industriales, y promoviendo la industrialización de tecnologías innovadoras por parte de las empresas europeas.
La iniciativa contará con 3.300 millones de euros de fondos de la UE, que se espera que se complementen con fondos de los Estados miembros. Apoyará la creación de líneas de producción piloto avanzadas para acelerar el desarrollo de la innovación y la tecnología, la puesta en marcha de una plataforma de diseño basada en la nube, el establecimiento de centros de competencia, el desarrollo de chips cuánticos y la creación de un Fondo de Chips que facilite el acceso a financiación mediante deuda y capital.
Impulso a las inversiones públicas y privadas
El segundo pilar de la Ley de Chips incentivará las inversiones públicas y privadas en instalaciones de fabricación para los productores de chips y sus proveedores. Crea un marco para garantizar la seguridad del suministro a través de la atracción de inversiones y de la mejora de las capacidades de fabricación de semiconductores.
Así, establece un escenario para instalaciones de producción integradas y fundiciones abiertas en Europa, que contribuyan a un ecosistema resiliente. En este sentido, se podrían conceder ayudas estatales a instalaciones únicas, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la UE.
Mecanismo de coordinación
En su tercer pilar, la nueva legislación determina un mecanismo de coordinación entre los Estados miembros y la Comisión Europea para reforzar la colaboración, controlar el suministro de semiconductores, estimar la demanda, anticipar la escasez y, de ser necesario, activar una etapa de crisis.
Como primer paso, el pasado mes de abril se creó un sistema de alerta que permite a cualquier parte interesada informar sobre interrupciones en la cadena de suministro de semiconductores.
Este 21 de septiembre también entró en vigor el Reglamento sobre la Empresa Común de Chips. Además, se ha anunciado que el Fondo de Chips iniciará sus actividades próximamente y que el trabajo de la recién creada Junta Europea de Semiconductores comenzará formalmente para la coordinación entre la Comisión Europea, los Estados miembros y las partes interesadas.