El Parlamento Europeo ha adoptado su posición de negociación sobre el proyecto de Ley de infraestructura gigabit, que incluye medidas para reducir los costes del despliegue de redes de alta velocidad y simplificar y acelerar los procedimientos administrativos para la concesión de permisos. El objetivo último es garantizar que, para 2030, todas las viviendas de la UE tengan acceso a redes gigabit fijas y que todas las áreas pobladas dispongan de cobertura 5G.
El proyecto de Ley de infraestructura gigabit persigue estimular las inversiones en infraestructura digital, fomentar el crecimiento económico y garantizar que las empresas europeas se sitúen a la vanguardia de la innovación global.
En sus enmiendas, el Parlamento Europeo reduce de cuatro a dos meses el tiempo que tienen las autoridades nacionales para tomar una decisión sobre la concesión de un permiso. Así, se disminuirían los obstáculos burocráticos para los operadores y las administraciones nacionales para un proceso de implementación más rápido.
La legislación pretende facilitar el acceso a infraestructura física como mobiliario urbano, edificios, tejados y fachadas, así como fomentar que se compartan infraestructuras existentes, como conductos, postes, instalaciones de antenas o torres para minimizar costosas obras y acelerar el despliegue de redes de alta velocidad.
Cobertura en zonas rurales, remotas y escasamente pobladas
Asimismo, la Ley de infraestructura gigabit introduciría medidas para coordinar las obras civiles realizadas por los operadores de red o las autoridades públicas. Las disposiciones específicas también apuntan a incentivar y acelerar la extensión de la cobertura a zonas rurales, remotas y escasamente pobladas. Para lograrlo en situaciones muy limitadas, las obligaciones de acceso se ampliarían a los edificios comerciales en áreas con poca cobertura y en aquellas donde no hay edificios públicos disponibles para albergar infraestructura.
Igualmente, los eurodiputados han votado a favor de la eliminación de todas las tasas adicionales para las comunicaciones dentro de la UE, en beneficio de la ciudadanía y del mercado único europeo. El próximo paso será el inicio de las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo.