El nuevo conjunto de directrices adoptado por la Comisión Europea tiene por objeto ayudar a los Estados miembros de la UE a actualizar e implementar estrategias, planes y políticas nacionales integrales de adaptación al cambio climático, en consonancia con la Ley Europea del Clima y la Estrategia de la Unión Europea para la adaptación al cambio climático.
Los últimos hallazgos del informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) han subrayado la urgencia de adaptarse a los impactos del cambio climático para asegurar un futuro habitable y sostenible. En este sentido, las indicaciones adoptadas pretenden ser una herramienta para que las administraciones nacionales hagan de la adaptación climática una prioridad política.
La Comisión Europea busca ayudar a los Estados miembros a adoptar un enfoque de gobierno integral para la elaboración de políticas de adaptación climática a través de la coordinación e integración multinivel, tanto horizontalmente, entre diferentes departamentos, como verticalmente, en todos los niveles de las autoridades subnacionales (incluidas las regiones y las autoridades locales).
Las directrices también incluyen una lista completa de características clave de la política de adaptación al cambio climático que deben aplicarse al marco general de la política nacional de adaptación. Estas características clave incluyen: llamamiento a marcos legales en lugar de políticas blandas, estrategias y planes de adaptación actualizados regularmente, evaluaciones de riesgos climáticos, participación de todas las partes interesadas relevantes, participación de todos los sectores relevantes y todos los niveles de la administración pública, y monitoreo y evaluación continuos de todas las acciones de adaptación.
Nuevos temas y áreas para la formulación de políticas
Las directrices presentan nuevos temas y áreas que deben tenerse en cuenta en la formulación de políticas para garantizar mejores resultados. Por ejemplo, en comparación con otras medidas, las soluciones basadas en la naturaleza a menudo representan opciones de adaptación eficientes y rentables que brindan importantes beneficios sociales, ambientales y económicos.
La resiliencia justa incluye reducir la carga desigual de los riesgos climáticos y garantizar la equidad en la distribución de los beneficios de la adaptación. Como demuestran las directrices, estas consideraciones deben estar presentes en todo el proceso de elaboración de políticas.
Por último, las directrices también brindan varios ejemplos de mala adaptación (es decir, consecuencias negativas no deseadas de los esfuerzos de adaptación) para brindar una mayor oportunidad de aprendizaje a partir de las lecciones extraídas de las diferentes opciones de adaptación.