Se publican las bases reguladoras de las ayudas del Programa Unico 5G Redes Activas

Se publican las bases reguladoras de las ayudas del Programa Unico 5G Redes Activas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden de bases reguladoras de la convocatoria de ayudas 5G Redes Activas del programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (Unico) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Mineco). Con un presupuesto de más de 500 millones de euros, estas subvenciones están destinadas al despliegue del equipamiento necesario en los servicios de 5G en municipios de menos de 10.000 habitantes.

La convocatoria de ayudas 5G Redes Activas del Programa Unico cuenta con una dotación presupuestaria superior a los 500 millones de euros.

Las ayudas 5G Redes Activas, que forman parte de los diferentes programas Unico que está desarrollando el Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, tienen por objeto garantizar la cohesión territorial mediante la conectividad universal en España.

Para conseguir el despliegue del 5G en el ámbito rural, estas ayudas están dirigidas a los operadores con derechos de uso de frecuencias en las bandas 5G, para incentivarles a desplegar esta tecnología también en municipios de menor tamaño; y a las Uniones Temporales de Empresas (UTEs) entre las que se encuentre algún operador con las características requeridas.

Aspectos técnicos y criterios de evaluación

Entre los diferentes aspectos técnicos incluidos en las bases reguladoras de las ayudas del Programa Unico 5G Redes Activas, figura la provisión de equipamiento necesario activo, pasivo y, en su caso, la infraestructura adicional como backhaul, refuerzo de mástiles o de energía necesaria para la prestación de servicios 5G stand alone.

Respecto a los criterios de evaluación para repartir las ayudas, se valorará la cantidad de población cubierta y los kilómetros de carretera, así como la construcción de nuevos emplazamientos. Los proyectos deberán estar finalizados antes del 30 de junio de 2025.

Todas estas medidas permitirán a la ciudadanía de estos entornos rurales profundizar en la transformación digital de sectores económicos como el agropecuario, el turismo rural, la vigilancia de infraestructuras críticas como presas y centrales eléctricas, la telemedicina o la teleducación, entre otros.

 
 
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