El Consejo de Ministros ha validado el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para promover la descarbonización y la digitalización del transporte, contribuir a la lucha contra el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Tras el visto bueno en segunda lectura, el texto inicia la tramitación parlamentaria para su aprobación y entrada en vigor a lo largo de 2023.
El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible busca responder mejor a las necesidades de la ciudadanía y a los retos de sostenibilidad, digitalización y cohesión social y territorial. El texto final se ha redactado teniendo en cuenta las 203 alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia e información pública y se sustenta en cuatro pilares: derecho social, movilidad limpia y saludable, sistema innovador y digital, e invertir mejor en el servicio a la ciudadanía.
Forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia e implementa varias medidas de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, en cumplimiento con diversas recomendaciones dadas por diversos organismos europeos e internacionales.
Movilidad como derecho, sostenible y digital
La futura Ley de Movilidad Sostenible reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social. Deberá ser accesible e inclusiva y ofrecer soluciones para todas las personas, siendo las administraciones las encargadas de garantizar este derecho, con especial énfasis en las necesidades de movilidad cotidiana, incluyendo el ámbito rural. Además, se pone de manifiesto la importancia estratégica del transporte de mercancías.
El pilar de movilidad limpia y saludable busca priorizar la movilidad activa y el transporte público colectivo como una solución accesible y asequible, así como facilitar la provisión de soluciones flexibles, desde servicios de transporte tradicionales hasta nuevos servicios a demanda y sistemas privados de movilidad colaborativa o compartida. También pretende reforzar el papel de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) reguladas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
El tercer eje incluye la creación del Espacio Integrado de Datos de Movilidad (EDIM), donde empresas de transporte, gestores de infraestructura y administraciones compartirán sus datos para optimizar la toma de decisiones de todos los actores a la hora de planificar la ejecución de nuevas infraestructuras con el fin de adaptarse a las necesidades reales de la ciudadanía. Aglutinará información actualizada sobre movilidad, como la oferta y demanda de los distintos modos de transporte, y ayudará a fomentar la creación de nuevos servicios de valor.
Asimismo, contempla herramientas para facilitar la innovación en los medios de transporte y la movilidad, entre las que destaca un sandbox; introduce los principios que deberán seguir las administraciones para regular y promocionar la introducción de los vehículos automatizados o sin conductor en el sistema de transporte, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y la colaboración público-privada; y establece una ventanilla única para facilitar la realización de pruebas de vehículos autónomos en vías públicas.
Por su parte, el cuarto pilar del proyecto de Ley apuesta por mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como por incluir nuevas herramientas de participación pública y transparencia.
Sistema Nacional de Movilidad Sostenible
Para lograr los objetivos mencionados, es fundamental la cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por esta razón, el proyecto de Ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que facilitará esta coordinación.
Este sistema consta de varios instrumentos: un foro de cooperación entre todas las administraciones, el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible, un órgano consultivo para facilitar la cooperación de éstas con el sector y los usuarios, el EDIM y un documento a modo de marco de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible que se coordinará con todas las administraciones (DOMOS).
Otras medidas introducidas en el proyecto de Ley
El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible garantiza la contribución financiera del Estado para la movilidad sostenible en el ámbito urbano y metropolitano mediante un sistema homogéneo para todas las ciudades.
Adicionalmente, introduce la obligación de que las empresas con más de 500 trabajadores por centro o 250 por turno dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo. Por su parte, las empresas del sector del transporte deberán calcular su huella de carbono y comunicarla a los usuarios finales, además de impulsar sistemas de gestión ambiental y de la energía. También promueve habilitar caminos y entornos escolares seguros, saludables y sostenibles.
A nivel nacional se elaborará un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM) y para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes establece los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados.
En la vertiente social, la norma fomenta la realización de campañas de concienciación y sensibilización para toda la ciudadanía en materia de movilidad sostenible y segura, y prevé la introducción de formación en este ámbito.
En cuanto a la digitalización, profundiza en obligaciones ya existentes en la normativa europea para que los proveedores de servicios de transporte de viajeros y los gestores de infraestructuras faciliten la información de los servicios al Punto de Acceso Nacional. Así, se propicia la creación de aplicaciones y otras soluciones de planificación de rutas y viajes que hacen más sencillo el uso del transporte público y fomentan la intermodalidad.
Del mismo modo, se mejorará la información pública disponible sobre la localización de los puntos de recarga para vehículos eléctricos y las características del servicio que prestan.