La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación revisada sobre ayudas estatales para redes de banda ancha (Directrices sobre banda ancha). Esta establece las normas bajo las cuales la Comisión evaluará las medidas de subvenciones estatales notificadas por los Estados miembros para apoyar el despliegue de redes de banda ancha en la UE.
Las nuevas Directrices sobre banda ancha entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, prevista para enero de 2023. Estas contribuyen a los objetivos estratégicos europeos de garantizar la conectividad gigabit y la cobertura 5G para todos al final de la década, un aspecto clave para lograr la transformación digital de la UE.
Las nuevas reglas proporcionan un marco actualizado para reflejar los desarrollos tecnológicos, regulatorios y de mercado. Así, alinean el umbral de apoyo público a las redes fijas con los últimos avances tecnológicos y de mercado, lo que permitirá a los Estados miembros invertir en áreas en las que los usuarios finales no tienen acceso a una velocidad de descarga de al menos 1 Gbps y una velocidad de carga de un mínimo de 150 Mbps, ni el servicio está proyectado.
Cualquier inversión del Estado deberá, al menos, triplicar la velocidad de descarga disponible y, en áreas competitivas, proporcionar velocidades de descarga de 1 Gbps y 150 Mbps de carga.
Marco actualizado con las Directrices sobre banda ancha
Las Directrices revisadas también introducen un nuevo marco de evaluación para el despliegue de redes móviles, incluidas las 5G. De este modo, permitirán a los países comunitarios respaldar las redes móviles cuando la inversión no la habrían realizado de otro modo los operadores privados y no está garantizada por otras medidas.
Al abordar las barreras a la conectividad digital y aumentar el acceso al servicio, las medidas de adopción tienen por objeto promover la inclusión digital y la resiliencia social. Las nuevas normas detallan los criterios de compatibilidad de los bonos sociales y de conectividad para incentivar a los consumidores y las empresas a utilizar los servicios de banda ancha.
Asimismo, se simplifican ciertas reglas para facilitar la aplicación práctica de las Directrices y reducir los trámites burocráticos tanto a las autoridades públicas como a las empresas. También se aclaran y se proporciona más orientación sobre determinados conceptos clave importantes para la evaluación de las ayudas estatales que lleva a cabo la Comisión, como la cartografía, las consultas públicas, el proceso de selección, los precios de acceso mayorista o los mecanismos de recuperación.
Por último, las Directrices actualizan los criterios usados para estudiar el impacto positivo de la subvención frente a sus efectos negativos sobre la competencia y el comercio. La evaluación tendrá en consideración diferentes efectos posibles, tales como la contribución a los objetivos de transición verde y digital de la UE.