El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 1 de diciembre la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, más conocida como Ley de Startups, impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Entre otras cosas, la norma fomenta el emprendimiento rural alineado con el proyecto de Territorio Rural Inteligente, la innovación y la inversión en empresas emergentes de base tecnológica.
La Ley de Startups es uno de los hitos para este ejercicio de la agenda España Digital 2026. La aprobación del texto definitivo por amplia mayoría en el Congreso de los Diputados llega tras un recorrido que comenzó en julio de 2021 con el inicio del trámite de audiencia pública del anteproyecto de Ley y un intenso trabajo con los diferentes grupos parlamentarios y actores del sector.
Durante el proceso, se han incorporado más de 80 enmiendas con el propósito de mejorar el texto inicial y fortalecer el consenso en torno al mismo. Entre las mejoras incluidas durante el trámite parlamentario y el paso por el Senado, figuran mayores incentivos para el emprendimiento en serie, es decir, los socios fundadores de start-ups que se embarquen en nuevos proyectos podrán beneficiarse ilimitadamente de los beneficios de la Ley.
Asimismo, se potencia el emprendimiento rural mediante proyectos piloto en entornos rurales y alineando las iniciativas previstas en la Ley con el Territorio Rural Inteligente, un proyecto que prevé la incorporación de las nuevas tecnologías en ámbitos como el medio ambiente, el urbanismo, la agricultura o la ganadería de los pueblos.
También se flexibilizan los requisitos y se incorpora la posibilidad de retener al talento que finalice sus estudios para que busque empleo en España, así como se crea un visado especial de Nómadas Digitales para titulares que trabajen para sí mismos o para empleadores de cualquier lugar del mundo en territorio nacional.
Ejes principales de la Ley de Startups
Con la Ley de Startups, se busca estimular la inversión y la atracción de talento, favorecer la colaboración entre pymes, grandes compañías y empresas emergentes, impulsar la I+D+i, también en la administración, y fomentar la cooperación de las empresas emergentes y los emprendedores con las universidades y centros de investigación.
La categoría de start-up se define en la norma como aquella que no supere los cinco años de antigüedad, o siete para sectores estratégicos; que no cotice en bolsa ni distribuya dividendos, cuya sede o domicilio social se establezca permanentemente en territorio nacional, con el 60% de la plantilla contratada en España y que acumule un volumen de negocio máximo de diez millones de euros. Además, debe acreditar carácter innovador, entendido como el desarrollo de productos o prestación de servicios nuevos o mejorados.
En este sentido, se han incorporado siete líneas de criterios a valorar por ENISA: grado de innovación, grado atractivo de mercado, fase de vida de la empresa, modelo de negocio-escalabilidad, competencia y volumen de clientes.
La norma tiene como objetivo esencial fomentar la agilidad administrativa, para lo que prevé una ventanilla única y telemática para la certificación de empresas innovadoras como start-ups españolas (ONE), la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, exigiendo únicamente los números de identificación fiscal (NIF); y el coste mínimo de aranceles notariales y registrales.
Además, busca mejorar el intercambio de conocimiento a través de una regulación general y básica sobre los entornos de prueba y sandboxes, por lo que se permitirá probar la innovación de las start-ups durante un año en un entorno controlado para evaluar la utilidad, viabilidad e impacto de innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores de actividad productiva.
Otros ejes que vertebran la Ley de Startups son la recuperación, atracción y retención del talento nacional e internacional, así como incentivos fiscales. Su entrada en vigor está prevista para enero de 2023.