El Gobierno dio luz verde el pasado martes en Consejo de Ministros al proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. Establece un marco jurídico para promover el avance de la transformación digital de la Justicia mediante la regulación de los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, el refuerzo de la seguridad jurídica en el ámbito digital, la mejora de la eficiencia y la orientación al dato de los sistemas de Justicia.
El proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia da prioridad a la eliminación de cualquier brecha o desigualdad en el acceso para construir una Administración de Justicia accesible e integradora, mejorando la cohesión social, territorial y digital.
Se trata de uno de los pilares legislativos del Plan Justicia 2030, financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y consensuado con las comunidades autónomas y los operadores jurídicos. Otras dos leyes de eficiencia procesal y organizativa, actualmente en trámite parlamentario, complementan el plan.
Cogobernanza y uso de medios electrónicos
El proyecto de ley del Ministerio de Justicia promueve la cogobernanza, un modelo de coordinación y decisión que supone también un impulso a las funciones de organismos como el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica o la creación de otros como el Consejo Consultivo de la Transformación Digital de la Administración de Justicia, donde se podrán integrar otros colectivos y organizaciones, incluso del sector privado.
Asimismo, generaliza el uso de medios electrónicos para relacionarse con la Justicia a través del fomento del ya existente Punto de Acceso General de la Administración de la Justicia y de las sedes judiciales electrónicas. Además, se incorpora un sistema único y personalizado de identificación segura que permite acceder con garantías a la Carpeta de Justicia y que posibilitará consultar asuntos, expedientes, actos de comunicación y pedir cita previa.
La futura ley regulará los sistemas de identificación, la firma digital electrónica y el sistema Cl@ve Justicia para la identificación y firma no criptográfica en las actuaciones y procedimientos judiciales por videoconferencia, así como en las prestaciones de los servicios notariales y registrales sin necesidad de presencia física.
A su vez, confiere un marco adecuado para que los profesionales y el personal al servicio de la Administración de Justicia pueda desempeñar sus funciones mediante teletrabajo y trabajo deslocalizado. Otro aspecto esencial es el de la garantía de la plena seguridad jurídica en la inmediación digital, por lo que regula los denominados puntos de acceso seguros y los lugares seguros.
Orientación al dato
Para fortalecer la interoperabilidad de los sistemas existentes mediante el intercambio y la transmisión de documentos electrónicos entre órganos judiciales o fiscales, el proyecto de ley contempla la potenciación del Expediente Judicial Electrónico, pasando de la orientación al documento a la orientación al dato e incorporando el concepto de dato abierto. Esto permitirá actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas, respetando las leyes procesales y bajo criterios legales objetivos y públicos.
De la misma manera, la preferencia por las comunicaciones judiciales telemáticas, en condiciones de plena seguridad jurídica, tendrá similar orientación al dato, previéndose mecanismos para la transmisión de comunicaciones masivas.