La Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC) ha remitido al Gobierno de España una serie de recomendaciones divididas en cinco áreas: consumo, alimentación y uso del suelo, trabajo, ecosistemas, y comunidad, salud y cuidados. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha comprometido a analizar y evaluar el documento para su integración en la acción del Ejecutivo, así como a remitirlo al Congreso de los Diputados.
Las recomendaciones de la Asamblea Ciudadana para el Clima, publicadas el pasado 6 de junio, proporcionan una visión social de cómo acelerar la lucha contra la crisis climática, en consonancia con el mandato de la ACC de elaborar propuestas para lograr un país más seguro y justo ante el cambio climático. El texto cuenta con un total de 172 recomendaciones organizadas en 58 objetivos y estructuradas en cinco grandes bloques de vida y sociedad.
Entre otras cosas, propone incentivar la innovación en diferentes sectores económicos para la reutilización y reciclaje, mejorar y promover el transporte de mercancías de larga distancia, evitando el avión y electrificando todos aquellos medios que sea posible; potenciar el uso del transporte público en el ámbito urbano, interurbano y, sobre todo, rural; promover los vehículos compartidos mediante plataformas o cooperativas, medidas que faciliten la adquisición de vehículos menos contaminantes, aumentar la formación sobre cambio climático, impulso a la digitalización, desarrollo de políticas de I+D+i, fomento del ahorro y la eficiencia energética en las nuevas tecnologías ligadas a la digitalización, controlar la calidad del aire en las ciudades, promover un diseño urbano sostenible y saludable, peatonalización de los centros de las ciudades o aumento del transporte sostenible.
Desarrollo de la Asamblea Ciudadana para el Clima
La Asamblea Ciudadana para el Clima tiene su origen en la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España de enero de 2020, que incluía entre sus compromisos reforzar los mecanismos de participación, y que se consagró en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Desde su constitución tras un proceso de selección de sus integrantes independiente, aleatorio y representativo, ha trabajado durante siete meses, desde noviembre de 2021 hasta mayo de 2022, en un ejercicio de deliberación y aprendizaje a fin de reforzar la participación pública y facilitar la adopción de políticas frente a la emergencia climática.
La llamada de la comunidad científica a promover una transformación económica y social para alcanzar sociedades descarbonizadas y más resilientes necesita de una población informada que impulse cambios en los modelos de producción y consumo a través de sus comportamientos y hábitos cotidianos. Así, la ACC ha escuchado a la ciudadanía para entender sus preocupaciones y qué soluciones proponen o necesitan para avanzar en un cambio de hábitos, de modelos de producción y de consumo.
En este sentido, durante todo el proceso la Asamblea Ciudadana para el Clima ha contado con el respaldo de un órgano de gobernanza compuesto por expertos independientes, coordinadores y facilitadores para encauzar las distintas fases de aprendizaje, conocimiento, reflexión, deliberación y preparación de recomendaciones.
Esta Asamblea, que pretende impulsar este tipo de procesos deliberativos, se puede replicar en el ámbito regional y municipal, tal y como sugiere la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.