El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que transpone al ordenamiento jurídico español la directiva europea por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Asimismo, ha convalidado la Ley de Ciberseguridad 5G, que determina los requisitos de ciberseguridad específicos para el despliegue y la explotación de las redes 5G.
El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones es una reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que prevé una inversión de 4.000 millones de euros para extender la conectividad de alta velocidad al 100% de la población, desarrollar el 5G e impulsar el ecosistema de ciberseguridad.
Además del ámbito de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, el texto regula aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y todos los usos del dominio público radioeléctrico.
Novedades del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones
Esta iniciativa legislativa incorpora nuevas medidas para incentivar las inversiones en el sector de las telecomunicaciones para avanzar en el objetivo de garantizar una conectividad adecuada de alta velocidad al 100% de la ciudadanía en 2025.
También introduce mejoras para facilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad: una regulación más flexible para los acuerdos de coinversión entre operadores, el impulso de la compartición de infraestructuras pasivas (antenas), la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia (small cells) y fomentar el mercado secundario del espectro radioeléctrico.
Las medidas del conjunto de herramientas de conectividad de la Unión Europea incorporadas permitirán una mayor coordinación entre administraciones al establecer un punto único de información y tramitación de permisos para el despliegue de redes.
Por su parte, los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración deberán realizar una comunicación previa al Registro de operadores, a efectos estadísticos y censales, así como incrementar la transparencia hacia los usuarios sobre las condiciones de los servicios.
Otra novedad es el establecimiento de un régimen de comunicación para la instalación o explotación de cables submarinos, cuyo enganche, acceso o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas se produzca en territorio español. Asimismo, se establece un régimen de comunicación para los Puntos de Intercambio de Internet (IXP) y se podrá recabar información de los Centros de Proceso de Datos (CPD).
Mejoras para los usuarios
En cuanto a las mejoras para los usuarios, el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones armoniza sus derechos con el conjunto de la Unión Europea. Mejora la transparencia, la duración máxima de los contratos se limita a 24 meses, introduce nuevos derechos en beneficio de los usuarios en el ámbito de la portabilidad y se refuerzan los derechos de las personas con discapacidad.
Además, el servicio universal se actualiza manteniendo el objetivo de proporcionar un acceso asequible a las comunicaciones electrónicas, asegurando la prestación de determinados servicios básicos. De la misma manera, se refuerza la libertad de elección del usuario, la velocidad mínima de acceso a Internet de banda ancha se fija en 10 Mbps y se prevé su incremento a 30 Mbps, se mantiene el acceso gratuito al 112 y se realizan mejoras técnicas, así como se incluye la posibilidad de implementar un sistema de alertas públicas o 112 inverso.
Ley de Ciberseguridad 5G
La Ley de Ciberseguridad 5G es uno de los hitos de reformas recogidos en el PRTR. Con la aprobación del Real Decreto-Ley de Ciberseguridad 5G, en vigor desde el pasado 31 de marzo, se quiso acelerar el proyecto de ley ante los riesgos de seguridad y ciberataques. Tras recibir la norma luz verde, se establecerá un marco confiable y seguro para incentivar el despliegue y la inversión por parte de los operadores de telecomunicaciones y la demanda de los servicios por parte de los usuarios.
Incorpora al marco legal español las medidas estratégicas y técnicas del conjunto de herramientas, consensuado entre los Estados miembros y la Unión Europea, que identifica las principales amenazas y vulnerabilidades, los activos más sensibles y los riesgos estratégicos en el despliegue de redes 5G.
Como novedad, la norma establece un Esquema de Seguridad de Redes y Servicios 5G, que tendrá en cuenta los análisis realizados por los operadores de red acerca de las vulnerabilidades y amenazas. También establece un procedimiento y unos criterios para que los operadores de redes públicas 5G no puedan usar equipos de suministradores de alto riesgo en el núcleo de la red, en su sistema de gestión de red y en determinadas ubicaciones de la red de acceso.