El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Mincotur) ha puesto en marcha el proceso de consulta pública sobre la nueva Ley de Industria, que abordará aspectos como la digitalización industrial, neutralidad climática y economía circular, política y promoción industrial, reindustrialización, gobernanza y seguridad y calidad industrial, hacia un crecimiento más sostenible y digital. Se podrán enviar aportaciones hasta el 17 de mayo de 2022.
La consulta previa sobre la futura Ley de Industria, de carácter abierto y público, tiene el propósito de recabar la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la misma.
Esta norma, enmarcada en el Componente 12 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), busca dar respuesta a la urgente necesidad de potenciar la autonomía industrial de España, de forma que se incremente el peso de las actividades industriales en la estructura económica y social y contribuya a un crecimiento más sostenible y digital, así como a una mayor resiliencia.
El Gobierno invita a todos los agentes económicos y sociales a que aporten sus ideas a la nueva ley con un doble objetivo: la reactivación económica y social y la modernización del modelo productivo para abordar la doble transición digital y ecológica y lograr una mayor cohesión social y territorial.
Objetivos de la Ley de Industria
La nueva Ley de Industria pretende dar respuesta a la cobertura de las necesidades y de los grandes retos que la actual ley, que data de 1992, no ofrece. La fortaleza industrial de España y Europa es una prioridad y un vector clave del plan europeo de recuperación Next Generation, por lo que el objetivo de la norma será regular la actividad industrial en el país y establecer instrumentos y procedimientos de política y promoción industrial que permitan la adecuada, eficiente y rápida adaptación y transformación de la industria española para hacer frente a los cambios y situaciones presentes y futuras.
Otro objetivo de la ley es establecer el marco de seguridad y calidad industrial que permita el pleno desarrollo de las industrias españolas en línea con las exigencias del mercado, a la vez que contemple las normas básicas de ordenación de las actividades industriales por las administraciones públicas, los medios y procedimientos para coordinar las competencias en materia de industria de dichas administraciones, y regular la actuación de la Administración del Estado en relación con el sector industrial.
Por último, tiene en cuenta las especiales circunstancias de las pymes industriales a través de un tratamiento diferencial, que apoye y fomente el emprendimiento, así como de las empresas de mediana capitalización, esenciales para el futuro desarrollo industrial.