El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta al impacto económico y social de la guerra en Ucrania, entre las que se encuentran medidas para reforzar la ciberseguridad; así como un Real Decreto-ley para proteger la instalación, el despliegue y la explotación de redes y servicios basados en tecnología 5G.
El Plan Nacional de respuesta al impacto económico y social de la guerra prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos, de los cuales 6.000 millones corresponden a ayudas directas y bajadas de impuestos y 10.000 millones a una nueva línea de avales gestionados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Establece medidas urgentes para mitigar los efectos de la guerra en Ucrania, apoyar a los colectivos más vulnerables y a los sectores productivos más afectados, garantizar los suministros y bajar los precios de los combustibles y la electricidad. Entre sus objetivos, figura reforzar la ciberseguridad y acelerar el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Medidas de ciberseguridad
Con el propósito de responder de manera adecuada al riesgo derivado del contexto geopolítico actual, el Consejo de Ministros ha aprobado medidas en materia de ciberseguridad, como la posibilidad de ampliar los plazos de los procedimientos administrativos cuando se hayan visto afectados por un ciberincidente, o de exigir medidas adicionales de seguridad a los proveedores de servicios en la nube para las administraciones públicas.
De la misma manera, se contempla un Plan Nacional de Ciberseguridad, con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros, que recoge 140 actuaciones, como la creación de la plataforma nacional de notificación y seguimiento de ciberincidentes y amenazas que permita el intercambio de información en tiempo real entre organismos públicos y privados.
Este plan también incluye la constitución del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, el desarrollo de un sistema integrado de indicadores de ciberseguridad a nivel nacional, incrementar la creación de infraestructuras de ciberseguridad en las autonomías y entidades locales, promover un mayor nivel de cultura en esta materia e impulsar la ciberseguridad de pymes, microempresas y autónomos.
Además, el plan prevé la creación de un sistema de seguimiento y control con la finalidad de identificar el grado de ejecución de las medidas y emitir un informe anual de evaluación.
Redes y servicios 5G
El Consejo de Ministros también ha aprobado un Real Decreto-ley, al que está asociada la Ley de Ciberseguridad 5G, que permitirá garantizar la máxima protección de las redes y servicios de quinta generación frente a ataques o incidentes de seguridad. Para su elaboración, se ha tenido en cuenta el conjunto de herramientas de la Comisión Europea sobre la ciberseguridad de las redes 5G y el análisis de riesgos coordinado de los Estados miembros para un desarrollo seguro de esta tecnología en Europa.
La aprobación de esta normativa tiene por objeto impulsar una seguridad integral del ecosistema 5G, promover un mercado de suministradores de redes y servicios suficientemente diversificado, reforzar la seguridad en la instalación y operación de las redes de comunicaciones electrónicas 5G, proteger la seguridad nacional y fortalecer la industria nacional en materia de ciberseguridad relacionada con la tecnología 5G.
Asimismo, el texto garantiza la entrada en vigor con celeridad de aquellas medidas que permiten prohibir o limitar la actividad en el mercado de suministradores que hayan sido considerados de alto riesgo. En definitiva, se pretende desarrollar un entorno confiable para el despliegue de las redes y servicios 5G, que genere confianza entre los usuarios con respecto a su funcionamiento frente a potenciales fugas o manipulaciones de datos, además de establecer medidas que ayuden a afrontar los riesgos de seguridad.