El Ministerio de Justicia, junto con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ha desarrollado un conjunto de procedimientos técnicos y organizativos, además de herramientas asociadas, para dar seguridad jurídica en la inmediación digital y los servicios no presenciales.
La inmediación digital hace posible que tanto la ciudadanía, las entidades privadas y las administraciones públicas, como los profesionales que les representan, puedan comparecer telemáticamente en vistas judiciales o actos de conciliación ante jueces o letrados de la Administración de Justicia, entre otras cosas.
En este sentido, el Ministerio de Justicia ha integrado el sistema Cl@ve de la AEAT desarrollando una aplicación propia llamada ClaveJusticia, que actúa como interfaz para que el funcionariado de la administración pueda identificar con seguridad a las personas que participan en actos a distancia.
Para el resto de actuaciones procesales, se ha desarrollado la herramienta EVID, que dota de seguridad la identificación de los usuarios del servicio público de Justicia. Actualmente, ya se están realizando algunas actuaciones judiciales mediante inmediación digital, tales como información general personalizada, apoderamientos apud acta, ratificaciones de mutuo acuerdo en materia de divorcio o separación, o juntas de herederos.
En este proyecto de transformación digital trabaja conjuntamente todo el sector: órganos judiciales, trabajadores, abogados, procura, las consejerías de Justicia de las 12 comunidades autónomas que tienen las competencias de Justicia transferidas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Se enmarca en el Plan Justicia 2030 -con un presupuesto ya ejecutado de tres millones de euros- que, a su vez, forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Cohesión social, territorial y digital
La inmediación digital persigue mejorar la vida de las personas, que no tendrán que desplazarse para realizar actuaciones judiciales, reduciendo gastos económicos y de tiempo; así como impactar positivamente en el medio ambiente. Por su parte, los profesionales -abogacía, procura, graduados sociales- tendrán más tiempo para conciliar la vida laboral y personal.
Desde las Oficinas de Justicia en los municipios, la Oficina Judicial o las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia se facilitará el acceso a estos instrumentos a personas mayores o con alguna discapacidad.
Además, esta iniciativa tiene beneficios para las políticas de cohesión social, territorial y digital. Así, el objetivo último es aportar confianza a la población y a los profesionales del sector en relación con la Administración de Justicia.