La Comisión Europea (CE) ha dado luz verde, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, a un régimen español de subvenciones por valor de 150 millones de euros para el despliegue de infraestructuras pasivas para la prestación de servicios de comunicaciones móviles en zonas que carecen de cobertura móvil 4G con velocidades mínimas de 10 Mbps de descarga y 3 Mbps de carga.
La aprobación del régimen español de ayudas para apoyar el despliegue de infraestructuras pasivas para redes móviles contribuirá a reducir la brecha digital y a la consecución de los objetivos estratégicos de la Unión Europea relacionados con la transición digital. Además, tiene el propósito de incitar el interés en las zonas rurales, estimular el crecimiento económico y preservar y crear nuevos puestos de trabajo en estos lugares.
La Comisión Europea ha concluido que la medida se ajusta a las normas sobre ayudas estatales de la UE y ha valorado que facilitará el desarrollo de la actividad económica y que cuenta con salvaguardias suficientes para garantizar que la ayuda limite los falseamientos indebidos de la competencia. A su vez, no altera las condiciones de los intercambios en contra del interés común.
Condiciones del régimen español de ayudas
La medida se financiará íntegramente a través del Plan de Recuperación para Europa tras la evaluación positiva por parte de la Comisión Europea y la adopción por parte del Consejo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español, que incluye proyectos de inversión en el sector de las comunicaciones electrónicas, tales como las redes móviles.
El régimen estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025 y las ayudas aportadas adoptarán la forma de subvenciones directas destinadas a financiar el despliegue de infraestructuras pasivas para la prestación de servicios de comunicaciones móviles que garanticen velocidades mínimas de 30 Mbps de descarga y 10 Mbps de carga en zonas que no dispongan de cobertura móvil 4G con velocidades de al menos 10 Mbps de descarga y 3 Mbps de carga.
En particular, la ayuda no puede servir para cumplir las obligaciones de cobertura vinculadas a los derechos de uso del espectro móvil. Asimismo, quedan excluidos los municipios de más de 10.000 habitantes y las zonas en las que el despliegue esté en curso o previsto para los próximos tres años.