El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una nueva política de identificación y firma electrónica, así como unas directrices comunes para el desarrollo de actuaciones administrativas automatizadas en los servicios municipales, en el marco del Plan de Choque de Racionalización y Simplificación de Procedimientos y de Impulso de la Administración Digital.
La nueva política de identificación y firma electrónica aprobada por el consistorio de Madrid determina cuatro niveles de seguridad en función de cada trámite con el fin de garantizar la autenticidad, seguridad e integridad de la relación digital, contribuyendo a la reducción de la brecha digital. Como novedad, para simplificar este paso se podrá firmar con código seguro de verificación (CSV) y usar la plataforma Cl@ve.
Por su parte, las directrices comunes para el desarrollo de actuaciones administrativas automatizadas definen criterios generales sobre su contenido, órganos responsables y procedimiento de elaboración y aprobación. Estas actuaciones son aquellas que se realizan de forma íntegra a través de medios digitales, sin necesidad de intervención de un gestor público, como es el caso de comunicaciones de inicio de procedimientos, obtención de certificados o recogidas de información desde los registros administrativos, disminuyendo los tiempos de respuesta.
Comité Municipal de Seguridad de la Información
El Ayuntamiento de Madrid también ha anunciado que se creará un nuevo Comité Municipal de Seguridad de la Información con la finalidad de reforzar la ciberseguridad y la protección de datos de la ciudadanía, garantizar los derechos digitales y velar para que la administración electrónica se desarrolle en un entorno seguro y libre de amenazas cibernéticas.
Estas iniciativas se enmarcan en el Plan de Choque de Racionalización y Simplificación de Procedimientos y de Impulso de la Administración Digital, que pretende incrementar el uso de la administración digital y facilitar a ciudadanía y empresas las gestiones, evitando los requerimientos de documentación y reduciendo las cargas administrativas. Asimismo, tiene por objeto reducir los plazos de tramitación de los procedimientos y el número de notificaciones en papel.