El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, una norma que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2018/1972 del Parlamento Europeo y el Consejo por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Además del ámbito de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, regula aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, a las infraestructuras comunes en edificios y a todos los usos del dominio público radioeléctrico.
El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones incluye medidas como la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios (ICT), la coordinación de las obras civiles para posibilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad o la reducción de trámites administrativos para la instalación de estaciones base de telefonía móvil, entre otras.
Además, incorpora incentivos a las inversiones en el sector y mejoras para facilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad, así como una regulación más flexible para alcanzar acuerdos de coinversión entre operadores y un impulso a la compartición de infraestructuras pasivas.
También introduce el establecimiento de compromisos voluntarios de acceso, la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia (small cells) con menos cargas administrativas y fomentar el mercado secundario del espectro radioeléctrico.
Igualmente, se han incorporado las medidas del conjunto de herramientas de conectividad de la Unión Europea. De esta manera, se promoverá la coordinación entre administraciones, estableciendo un punto único para la información y tramitación de permisos para el despliegue de redes, lo que agilizará su implantación.
La reforma de la Ley General de Telecomunicaciones está prevista en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto en el componente ‘Conectividad, 5G y Ciberseguridad’, que prevé la inversión de 4.000 millones de euros de fondos públicos para extender la conectividad al 100% de la población, impulsar el desarrollo del 5G e impulsar el ecosistema de ciberseguridad. Asimismo, se alinea con el objetivo del Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de convertir España en el hub de interconexión digital del sur de Europa.
Para un seguimiento efectivo de este mercado, el Proyecto de Ley establece, como novedad, un régimen de comunicación para la instalación o explotación de cables submarinos cuyo enganche, acceso o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas se produzca en territorio español. De igual modo, se establece un régimen de comunicación para los Puntos de Intercambio de Internet (IXP) y se podrá recopilar información de los Centros de Proceso de Datos (CPD).
Servicios de comunicaciones interpersonales y derechos de los usuarios
El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones establece una clasificación de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas más adecuada a la realidad del mercado. Así, se regulan los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, que asumen obligaciones como la comunicación previa al Registro de operadores, garantizar la integridad y seguridad e incrementar la transparencia de las condiciones de sus servicios.
También refuerza los derechos de los usuarios en cuanto a la portabilidad y mediante la mejora de la transparencia de los contratos, la limitación de su duración máxima a 24 meses y la regulación de los contratos de paquetes de servicios. Adicionalmente, se introduce la obligación de accesibilidad en la información relativa a los contratos y acceso para mejorar los derechos de los usuarios con discapacidad.
Acceso universal y comunicaciones de emergencia
Por su parte, el servicio universal se actualiza, manteniendo el objetivo de proporcionar un acceso asequible a las comunicaciones electrónicas. El Proyecto de Ley obliga a garantizar que este acceso permita la prestación de determinados servicios básicos, tales como correo electrónico, herramientas de formación y educación online, noticias, redes sociales o banca por Internet. Además, se eliminan elementos obsoletos y se refuerza la libertad de elección del usuario.
Por último, se establecen mejoras en las comunicaciones de emergencia. Se mantiene el acceso gratuito al 112, se realizan modificaciones técnicas que permitirán disponer de una ubicación más precisa de las personas que efectúen llamadas al número de emergencias, determina que el acceso para personas con discapacidad debe ser equivalente al del resto de usuarios e incluye la posibilidad de implementar un sistema de alertas públicas para que los operadores avisen a la población en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso.