La Comisión Europea (CE) ha anunciado nuevas medidas para mejorar la ciberseguridad de los dispositivos y productos inalámbricos disponibles en el mercado europeo. Mediante la adopción del acto delegado relativo a la Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED, por su siglas en inglés), se han establecido nuevos requisitos legales en este ámbito para mejorar la resiliencia de la red, proteger la privacidad de los consumidores y reducir el riesgo de fraudes económicos.
Las medidas propuestas por la Comisión Europea para garantizar la seguridad en todos los dispositivos inalámbricos antes de ser comercializados en el mercado de la UE hacen especial hincapié en que los fabricantes tengan en cuenta la ciberseguridad en el diseño y la producción de los productos en cuestión.
De esta manera, se aplicarán a múltiples dispositivos inalámbricos, como todos aquellos productos capaces de comunicarse por Internet, teléfonos, tablets, monitores de bebés, juguetes, y una serie de artículos ponibles, como relojes inteligentes o monitores de actividad.
Las ventajas que aportarán estas nuevas medidas son una mejora en la resiliencia de la red, ya que los dispositivos inalámbricos incorporarán funciones para impedir que se dañen las redes de comunicación o se perturbe la funcionalidad de los sitios web u otros servicios; además de proteger la privacidad de los consumidores, a través de funciones que garanticen la protección de los datos personales. Las medidas también contribuirán a reducir los fraudes económicos, mejorando el control de autentificación del usuario para evitar pagos fraudulentos.
El acto delegado se completará con una Ley de Ciberresiliencia, anunciada recientemente por la Comisión, que tiene como objetivo incluir más productos, analizando todo su ciclo de vida.
Acto delegado relativo a la Directiva RED
El acto delegado entrará en vigor tras un periodo de control de dos meses, siempre y cuando el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo no formulen objeciones. Tras la entrada en vigor, los fabricantes dispondrán de un período transitorio de 30 meses para empezar a cumplir los nuevos requisitos legales. De este modo, la industria dispondrá de tiempo suficiente para adaptar los productos correspondientes antes de que entren en vigor los nuevos requisitos, prevista para mediados de 2024.
La Comisión Europea también ayudará a los fabricantes a cumplir los nuevos requisitos pidiendo a las organizaciones europeas de normalización que elaboren normas al respecto. Como alternativa, los fabricantes podrán demostrar la conformidad de sus productos sometiéndolos a una evaluación llevada a cabo por los organismos notificados correspondientes.