El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, impulsado por el Ministerio de Justicia. Junto con la Ley de eficiencia procesal y la Ley de eficiencia organizativa, que ya están en tramitación, constituye la base legislativa del Plan Justicia 2030 para transformar este servicio público y hacerlo más eficiente.
El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia tiene el objetivo de establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización, regulando los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia.
Esta norma, en línea con la Carta de Derechos Digitales, hará medidas estructurales como la celebración de vistas y actos procesales telemáticos que se implantaron durante la pandemia, pero que después se han consolidado. De esta manera, pone el foco en la ciudadanía y establece la obligación de garantizar la prestación de un servicio público de Justicia de calidad por medios digitales en todo el país.
Derecho a un servicio personalizado
El nuevo anteproyecto de ley reconoce el derecho de la ciudadanía a un servicio personalizado de acceso a procedimientos, informaciones y servicios con el fin de avanzar en el Expediente Judicial Electrónico a través de la ampliación de servicios y funcionalidades de la Carpeta de Justicia. También refuerza la seguridad jurídica digital en las actuaciones y servicios no presenciales, posibilitando la realización de juicios y vistas telemáticas con plenas garantías en entornos seguros; y facilita la prestación de servicios notariales y registrales sin necesidad de presencia física.
Así, contempla la regulación de los sistemas de identificación y firma digital electrónica, así como del sistema Cl@ve Justicia, para la identificación y firma no criptográfica en las actuaciones y procedimientos judiciales llevados a cabo por videoconferencia.
Tramitación orientada al dato
Entre las principales novedades de la norma, se encuentra la transición de una tramitación orientada al documento a una tramitación orientada al dato. Esto permitirá realizar un diseño óptimo de políticas públicas a través de un análisis estructurado de la gran cantidad de datos que genera la Administración de Justicia y de la cogobernanza del dato.
Además, el anteproyecto de ley introduce medidas como el derecho a la desconexión digital para favorecer la conciliación familiar y laboral, la cita previa, el trabajo deslocalizado o la reducción o eliminación de brechas geográficas, económicas, sociales, de discapacidad, de género, formativas o incluso propiamente digitales.
La norma fortalece la interoperabilidad de los sistemas existentes mediante el intercambio de expedientes electrónicos y la transmisión de documentos electrónicos entre órganos judiciales o fiscales.
Asimismo, recoge expresamente las relaciones e interoperabilidad de la Administración de Justicia con los sistemas de digitalización del país, como los sistemas de comunicación con el resto de administraciones públicas o los de servicios a la ciudadanía. De este modo, favorece un modelo cogobernado de los sistemas de información, respetando la autonomía y competencias de los sistemas de las comunidades autónomas.