El pasado jueves, la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico aprobó el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La nueva norma aborda objetivos mínimos de reducción de emisiones para 2030 y 2050, el impulso de las energías renovables y la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la rehabilitación de edificios y el desarrollo rural.
El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobado en el Congreso con competencia legislativa plena, será remitido al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria sin necesidad de pasar previamente por el Pleno del Congreso.
El texto incluye el Informe de la Ponencia, modificado con las enmiendas acordadas en Comisión. Durante el trámite en Ponencia, se ha acordado incorporar numerosas modificaciones y disposiciones.
Objetivos mínimos para 2030 y 2050
La nueva norma establece varios objetivos mínimos, entre los que se encuentra la reducción de emisiones de GEI en, al menos, un 23% respecto a 1990; alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42%; conseguir un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de renovables; y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en un mínimo de un 39,5% respecto a la línea de base conforme a la normativa de la Unión Europea.
Asimismo, antes de 2050 y lo antes posible, España deberá alcanzar la neutralidad climática y el sistema eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable. El Consejo de Ministros podrá revisar al alza los objetivos establecidos para adaptarlos a la evolución de los avances tecnológicos y del conocimiento científico y cumplir con el Acuerdo de país y la normativa comunitaria.
El texto recoge como instrumentos de planificación para abordar la transición energética los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a 2050. En este sentido, el Gobierno deberá aprobar esta estrategia mediante real decreto para establecer una hoja de ruta de reducción de emisiones de GEI y de incremento de las absorciones por los sumideros del conjunto de la economía española hasta 2050.
Transición energética y movilidad sostenible
De acuerdo con el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a partir de su entrada en vigor no se otorgarán en el territorio nacional nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de materiales con propiedades radiactivas y de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos. Tampoco se admitirán actividades de explotación de hidrocarburos en las que estén previstas la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen.
Para el desarrollo de la estrategia de descarbonización a 2050, el texto prevé que se adopten las medidas necesarias para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos no destinados a usos comerciales, reduzcan sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 g CO2/km establecidas conforme la normativa comunitaria.
Además, los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán adoptar planes de movilidad urbana sostenible no más tarde de 2023, que introduzcan medidas de mitigación para reducir las emisiones derivadas de la movilidad.
Rehabilitación de edificios y desarrollo rural
Esta norma también establece que en un plazo inferior a seis meses desde la entrada en vigor del texto, el Gobierno deberá elaborar un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana.
En materia de desarrollo rural, la norma contempla que el despliegue de las energías renovables deberá llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial.
Por su parte, las administraciones públicas deberán fomentar la mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio climático en la salud pública y sobre las iniciativas de prevención. De la misma manera, el Ejecutivo deberá revisar el tratamiento del cambio climático y la sostenibilidad en el currículo básico de las enseñanzas que forman parte del sistema educativo de forma transversal.
Mediante este proyecto de ley, también se crea el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética, como órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones en esta materia, incluidas políticas, medidas y normativas. Para ello, elaborará anualmente un informe que será remitido al Congreso y sometido a debate.