El Govern catalán ha aprobado los gastos con cargo a presupuestos de ejercicios futuros de la partida de transferencia a la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) del departamento de Territorio y Sostenibilidad para atender a la convocatoria de ayudas para proyectos piloto de Compra Pública de Innovación (CPI) en materia de recogida selectiva de residuos municipales, por un importe de diez millones de euros.
La finalidad de esta línea de subvenciones aprobada por el Govern es promover la implantación de modelos más eficientes de recogida selectiva de residuos para alcanzar los objetivos establecidos en el Programa General de Prevención y Gestión de Residuos de Cataluña 2013-2020 (PRECAT20), en línea con la normativa de la Unión Europea, así como aportar soluciones innovadoras a los retos planteados.
El presupuesto total de diez millones de euros se distribuirá por anualidades: 2,5 millones en el año 2021, 5 millones en 2022 y 2,5 millones en 2023.
Soluciones innovadoras que den respuesta a tres retos
El primer reto planteado en la convocatoria de ayudas es extender los resultados alcanzados en sistemas personalizados de recogida selectiva de residuos en ámbitos territoriales grandes, mediante sistemas innovadores que involucren a toda la población y provoquen cambios reales en los hábitos de la sociedad.
En segundo lugar, se plantea el desafío de introducir cambios en los sistemas de recogida selectiva de los comercios y actividades del sector servicios, así como de los productores de residuos asimilables, para que consideren la prevención, hagan la separación en origen, se involucren en toda la cadena del proceso de valorización y garanticen el destino correcto, con el doble objetivo de valorizar sus propios residuos y servir de modelo impulsor del cambio del comportamiento de la ciudadanía.
Por último, busca soluciones innovadoras para disponer de un sistema de monitorización transparente y accesible, con el fin de que los ciudadanos y actividades económicas que producen residuos urbanos puedan conocer el impacto directo de su comportamiento en los índices de prevención y de recogida selectiva de su territorio. Este sistema ha de permitir a las administraciones públicas acceder a la información, adaptar sus actuaciones en función de los resultados obtenidos y rediseñar el sistema para mejorar la eficiencia de este servicio público desde la perspectiva ambiental, económica y social.