El Ayuntamiento de Logroño contará con una plataforma de administración electrónica que permitirá a la ciudadanía realizar el 90% de los trámites online. Es la primera parte de un proyecto de modernización tecnológica del consistorio y cuyo expediente de contratación acaba de ser aprobado por más de 2,3 millones de euros.
En una primera fase del proyecto para la modernización tecnológica del Ayuntamiento de Logroño, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para el suministro de la plataforma de sede electrónica por un importe de 2.318.662,50 euros y un plazo de ejecución de dos años y medio. Este trabajo se enmarca en la estrategia de transformación digital del consistorio.
El objetivo principal de la iniciativa es la implantación de una plataforma de administración electrónica que proporcione los mecanismos y herramientas básicas para la gestión online completa de todos los procesos involucrados en la gestión de expedientes y documentos electrónicos, tanto de forma presencial en las oficinas de asistencia de registro como de manera telemática.
Derecho a relacionarse electrónicamente con la administración
Entre otras cosas, la plataforma de administración electrónica de Logroño permitirá a la ciudadanía realizar el 90% de sus trámites online y se agilizará internamente el consistorio con la digitalización del 80% de sus procedimientos administrativos. Tal y como ha explicado el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, “supondrá una reducción de la lista de espera presencial del 70% y una reducción del tiempo de los trámites administrativos del 50%, además de conseguir una trazabilidad total de los expedientes administrativos y de la reordenación de la información municipal”.
Este proyecto supone un primer paso para cumplir varias leyes que establecen un nuevo marco jurídico para impulsar la modernización y la innovación en las administraciones públicas. Además, supone el reconocimiento definitivo del derecho de la ciudadanía a relacionarse electrónicamente con la administración, así como la obligación de ésta de garantizar dicho derecho a través de los medios adecuados.