La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado una consulta pública para la regulación de los mercados mayoristas de banda ancha con la finalidad de buscar un equilibrio entre la competencia efectiva y la inversión en redes de nueva generación (NGA). Los interesados disponen de un mes, desde el lanzamiento de la consulta, para presentar sus alegaciones.
La regulación vigente de los mercados mayoristas de banda ancha data del año 2016, cuando la CNMC estableció una zona competitiva en redes NGA de 66 grandes municipios, en los que Telefónica no está obligada a dar acceso mayorista a su red de fibra.
Desde entonces, el número de conexiones de fibra hasta el hogar (FTTH) en España ha pasado de 3,1 millones en 2015 a 10,4 millones en 2020, es decir, se ha producido un incremento del 230%. Actualmente, se trata de la tecnología predominante con cerca del 70% del total de conexiones de banda ancha y una cobertura que supera el 80% de los hogares.
De la misma manera, se ha producido la entrada efectiva de un cuarto operador de ámbito nacional: Masmóvil. Por su parte, Euskaltel ha lanzado sus nuevas marcas Virgin y Digi, ampliando sus ofertas en términos de producto y alcance geográfico.
Nueva propuesta de regulación
En este nuevo contexto, la CNMC propone ampliar la zona competitiva a 592 municipios, mientras que el resto de localidades formarían parte de la zona no competitiva. La zona competitiva se caracteriza por una elevada competencia en infraestructuras basada en redes NGA, donde la cuota de Telefónica en el mercado minorista de banda ancha es inferior al 50% y existen, al menos, tres redes NGA con una cobertura mínima del 20%.
La CNMC plantea que la compañía de telecomunicaciones mantenga sus obligaciones de acceso a la infraestructura de obra civil, así como de acceso desagregado al par de cobre, un acceso físico mayorista a la red de acceso tradicional de cobre, que se presta a nivel de la central local. Sin embargo, no impone obligaciones de acceso mayorista a su red de fibra.
El acceso a la infraestructura civil es una medida regulatoria fundamental para el despliegue de las redes de fibra de los operadores alternativos, pues les permite hacer uso de los conductos y postes de la red de Telefónica, de forma que puedan desplegar sus redes de fibra óptica desde las centrales cabecera hasta los domicilios de los usuarios finales.
En el resto del territorio -7.539 municipios-, la CNMC propone, además de los servicios anteriores, la imposición a Telefónica de prestar los servicios mayoristas de acceso desagregado virtual a la fibra óptica (NEBA local) y de banda ancha NEBA fibra. Además, la compañía estará obligada a prestar los servicios de acceso indirecto sobre cobre denominados NEBA cobre, ADSL IP regional y nacional.
Los interesados disponen de un mes, a contar desde el lanzamiento de la consulta pública el pasado 17 de noviembre, para presentar sus alegaciones. Tras analizar los comentarios recibidos, la CNMC aprobará un proyecto que remitirá a la Comisión Europea y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.