El Gobierno ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, en línea con las prioridades de los fondos europeos de recuperación: la inversión verde y la digitalización. Además, ha anunciado que se adelantarán un total de 27.000 millones de euros en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
El Plan de Recuperación español se inspira en la Agenda del Cambio, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. En los próximos tres años, movilizará el 50% de los recursos con los que cuenta el país gracias al instrumento Next Generation EU, en torno a cuatro transformaciones: ecológica, digital, igualdad de género, y cohesión social y territorial.
De esta manera, el plan guiará la inversión de cerca de 72.000 millones de euros entre los años 2021 y 2023, en cumplimiento con las prioridades de los fondos europeos de recuperación: la inversión verde, que representa más del 37% del total del plan, y la digitalización, que supone cerca del 33%.
El Fondo de Recuperación Europeo consta de dos instrumentos, a través de los cuales se canalizarán los recursos. Por una parte, la Facilidad para la Recuperación y la Resiliencia, que concentra 59.000 millones en transferencias; y por otra parte, React-EU, que permite a España obtener financiación por valor de 12.400 millones.
Asimismo, el Gobierno ha anunciado que se adelantarán en los próximos Presupuestos Generales del Estado un total de 27.000 millones de euros del Plan de Recuperación, que permitirán acelerar la ejecución de la estrategia desde el momento en el que se aprueben los presupuestos.
Diez políticas tractoras
El Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia se estructura en torno a diez políticas tractoras vinculadas a los sectores productivos con mayor capacidad de transformación del tejido económico y social. La primera de estas políticas es la agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura, que concentrará el 16% de los recursos con el objetivo de mejorar la habitabilidad de entornos urbanos y dar respuesta a las necesidades del entorno rural.
En segundo lugar, el impulso a las infraestructuras y los ecosistemas resilientes se hará con el 12% de los fondos. Este punto incluye proyectos como el Plan de Conservación y Restauración de Ecosistemas, o el Plan de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte.
La tercera política tractora se refiere a la transición energética justa e inclusiva, a la que se destinará el 9% de los recursos. Por su parte, una cuarta línea de trabajo, a la que se dedicará el 5% de los recursos, contempla la modernización del sistema de justicia. Le sigue la quinta política, que dirigirá el 17% de los fondos a la modernización y digitalización del ecosistema empresarial para garantizar la competitividad industrial.
La ciencia se ha posicionado como palanca fundamental en los planes de reconstrucción debido a la crisis sanitaria, por lo que el sexto eje de la estrategia se refiere al Pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, con el 17% de los recursos. En séptimo lugar, la educación, el conocimiento, la formación continua y el desarrollo de capacidades concentrarán el 18% de los fondos.
El octavo eje es la nueva economía de los cuidados y políticas de empleo, que incluye el refuerzo del Sistema Nacional de Dependencia o la modernización de las políticas activas de empleo, con el 6% de los recursos. En cuanto a la novena política tractora, con el 1,1% de los fondos, es el desarrollo de la cultura y el deporte.
Por último, el plan aborda la modernización del sistema fiscal, incrementando la progresividad y redistribución de los recursos para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.
Pilares principales del plan
Como uno de los pilares principales del plan, la transformación digital dispondrá de un presupuesto de unos 20.000 millones de euros, equivalentes al 33% de la inversión prevista con las transferencias para el periodo 2021-2023 del Plan de Recuperación. Los proyectos relacionados con la digitalización se desplegarán a través de los diez objetivos estratégicos contemplados en la agenda España Digital 2025, con el objetivo de aprovechar la oportunidad para impulsar una transformación digital que actúe sobre las infraestructuras y la tecnología, sobre los sectores económicos y el tejido productivo, y sobre las personas.
Por otra parte, la transición ecológica se centrará en tres grandes políticas palanca: la agenda urbana y rural, el desarrollo de infraestructuras y ecosistemas resilientes, y la transición energética justa e inclusiva. En lo referente a la agenda urbana y rural, el Gobierno apuesta por una movilidad sostenible, impulsando la electrificación y la renovación de la flota de vehículos, la rehabilitación energética de edificios, y la transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario como acciones fundamentales.
En materia de desarrollo de infraestructuras y ecosistemas resilientes, se trabajará en bosques y prevención de incendios, en la restauración de humedales, el refuerzo de la gestión de los recursos hídricos, y en la adaptación al cambio climático.
El eje de transición energética pretende avanzar hacia un sistema 100% renovable, abierto a la ciudadanía, las empresas y las administraciones. Para lograrlo, se avanzará en un marco normativo claro, estable y predecible que estimule la inversión privada en el despliegue de renovables mediante un nuevo sistema de subastas y líneas de apoyo para proyectos innovadores. También apuesta por el hidrógeno renovable y el autoconsumo.
Seguimiento y coordinación
Para garantizar la adecuada ejecución de los fondos, se reformarán y desarrollarán estructuras de seguimiento y coordinación. Así, se constituirá una Comisión Interministerial y una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación.
De la misma manera, se instrumentalizará una colaboración específica con las Comunidades Autónomas, se facilitará un diálogo continuo con las empresas que participan en los proyectos y se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos ante el Parlamento.
Y a fin de asegurar la agilidad en la absorción de los fondos, se diseñará una gobernanza eficaz, se acometerán reformas legales administrativas y se eliminarán las trabajas administrativas.