El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aprobó ayer el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), correspondiente al periodo 2021-2030, con el objetivo de construir un país menos vulnerable, más seguro y resiliente a los impactos y riesgos del cambio climático, así como capaz de adaptarse a un contexto de clima cambiante.
La presentación del PNACC 2021-2030 fue uno de los compromisos suscritos en el acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de enero de 2020 por el que se aprobó la Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental. Tras un amplio proceso participativo, el documento aprobado pretende dar respuesta a los riesgos derivados del cambio climático, en línea con las nuevas políticas planteadas por el Consejo Europeo que vinculan la adaptación con las políticas de recuperación frente a la pandemia.
De esta manera, el PNACC se configura como un instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente, desde una perspectiva transversal, multilateral y multinivel, ante los riesgos y amenazas que presenta el cambio climático en los diferentes ámbitos de la sociedad.
Un total de 81 líneas de acción
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 forma parte de una serie de instrumentos de planificación en materia de energía y clima orientados conjuntamente a evitar o reducir los peores efectos del cambio climático, entre los que se encuentran el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050 y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
El texto aprobado define y describe 81 líneas de acción a desarrollar en los diferentes sectores socioeconómicos del país, organizadas en 18 ámbitos de trabajo. Entre los sectores clave, destacan algunos como la salud humana, el transporte o la energía, esenciales para la economía y el bienestar de la ciudadanía.
Tiene como objetivo principal establecer una hoja de ruta que dé respuesta a las crecientes necesidades de adaptación al cambio climático en España, con el fin último de evitar o reducir los riesgos económicos, sociales y ecológicos, y favorecer una mejor preparación para la recuperación.
En este sentido, el PNACC pretende mejorar la capacidad de anticipación e identificar las mejores orientaciones para los distintos sectores de la actividad económica a fin de construir una economía sólida y una sociedad inclusiva con nuevas oportunidades de empleo juvenil.
Proceso de participación pública
Tras el proceso de información pública, el documento adoptado recoge explícitamente la responsabilidad hacia las generaciones futuras y reconoce su papel como actores interesados en políticas orientadas a mitigar el cambio climático, y evitar o reducir los riesgos que supone.
Fruto del proceso participativo ha incluido también mejoras como la ampliación del conjunto de instituciones responsables y colaboradoras en una treintena de líneas de acción, y la incorporación de nuevos aspectos patrimoniales a tener en cuenta.
Asimismo, el II PNACC refuerza de forma notable los instrumentos de información y seguimiento de las políticas públicas de adaptación, incluyendo informes sobre riesgos climáticos y, por primera vez, una colección inicial de 30 indicadores que deberá aportar una visión dinámica de los efectos derivados del cambio climático y los progresos obtenidos en materia de adaptación.
Líneas de acción transversales
Además de las orientaciones sectoriales, el plan propone siete líneas de acción claves para que sean transversales a todos los ámbitos. El eje de vulnerabilidad territorial y social contempla análisis geográficos en los estudios de riesgos en todos los sectores, el desarrollo de planes de adaptación para espacios muy vulnerables y apoyo a las políticas de adaptación de organizaciones con base territorial.
Los efectos del cambio climático, más allá de nuestras fronteras, pueden afectar en España, por lo que el plan prevé la identificación de las cadenas causa-efecto que trasladan los impactos ocurridos en el exterior de nuestro territorio y la definición de estrategias para reducir los riesgos. También propone un enfoque de género mediante el análisis de los datos de exposición, vulnerabilidad e impactos desagregados entre géneros o la consideración de diferencias de percepción del riesgo y comportamientos.
De la misma forma, contempla la creación de listas de control para el chequeo de las potenciales medidas de adaptación, la evaluación de sus efectos sociales y su huella ecológica, y la incorporación de criterios para prevenir efectos contraproducentes en las ayudas públicas.
Asimismo, habrá una estimación de los costes y beneficios de la acción y la inacción, que se considerarán en la toma de decisiones. Por último, se valorarán las opciones de adaptación basadas en el análisis de riesgos, se planificarán y se aplicarán las medidas concretas y se realizará un seguimiento y evaluación para mejorar continuamente en todos los sectores.