La Junta de Andalucía ha reanudado la licitación del suministro, instalación y puesta en servicio de la red digital de comunicación móvil que dará soporte a los servicios andaluces dedicados a la protección pública, seguridad y emergencias. Con un presupuesto de 22,35 millones de euros (sin IVA), las empresas tienen de plazo hasta el próximo 2 de julio para solicitar su participación en la convocatoria, y hasta el día 12 para presentar propuestas.
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, autorizó el pasado mes de marzo el contrato de la nueva red de comunicación digital para mejorar la calidad y fiabilidad de los servicios de emergencias andaluces. Sin embargo, con el decreto del estado de alarma, los plazos administrativos quedaron suspendidos temporalmente.
Tras levantarse dicha suspensión el pasado 1 de junio, la Consejería ha dado de plazo hasta el 2 de julio para que las empresas interesadas soliciten su participación, y hasta el día 12 del mismo mes para presentar sus propuestas. Por su parte, la adjudicación del contrato está prevista para finales de año.
Contrato de cinco años
La nueva infraestructura digital sustituirá y mejorará las actualmente disponibles, de carácter analógico e individual de cada uno de los cuerpos. Se integrarán en una única red digital las comunicaciones de todos los cuerpos de protección, seguridad y emergencias, facilitando la coordinación de los agentes ante dispositivos que requieran una intervención conjunta.
Asimismo, asegurará la disponibilidad de las comunicaciones de voz y la localización GPS de los agentes, se incrementará la capacidad de la red actual y los equipamientos estarán monitorizados las 24 horas para dar una respuesta inmediata a posibles deficiencias.
El contrato de suministro, instalación y mantenimiento tendrá una duración de cinco años. Su desarrollo se divide en dos períodos: el primero, de dos años, se centrará en el despliegue de las infraestructuras -estaciones base y antenas-; y el segundo, de tres años, se destinará a la explotación y mantenimiento del servicio.