El informe ‘La Sociedad Digital en España 2019’ de la Fundación Telefónica señala la digitalización de las empresas y la formación digital como las claves para reactivar la economía y generar empleo tras el COVID-19. Asimismo, destaca la transición digital en España, donde tres de cada cuatro hogares tienen cobertura de fibra óptica y nueve de cada diez ciudadanos son usuarios de Internet.
La situación generada por el COVID-19 ha obligado a replantear la manera de vivir, estudiar y trabajar, un nuevo enfoque en el que la elevada digitalización de España ha permitido la continuidad de numerosas actividades esenciales, por lo que la adaptación ha sido rápida. En este contexto, el informe ‘La Sociedad Digital en España 2019’, editado por la Fundación Telefónica, señala como factores clave para reactivar la economía y crear empleo la aceleración de la digitalización de la industria -especialmente pymes y autónomos-, así como el impulso a la formación en competencias digitales de los españoles.
El documento recoge el progreso de España en su transición digital, que en 2019 ocupaba el undécimo puesto en la lista de los 28 Estados miembros de la Unión Europea en el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI), superando la media comunitaria. Además, el acceso a Internet es ya generalizado, pues nueve de cada diez españoles son internautas, y la conexión es ultrarrápida, con fibra óptica en tres de cada cuatro hogares. Esta tecnología de banda ancha es la que ha experimentado un mayor crecimiento, pasando del 63% al 77% en dos años, situando a España en el primer lugar en cuanto a cobertura y clientes en Europa.
Digitalización de las pymes
Aunque la aparición de la Industria 4.0 en España es positiva, las pymes son las que aún tienen un largo camino que recorrer hacia la digitalización, pues dos de cada tres se están quedando rezagadas en este proceso. Tan solo un 9% de las microempresas españolas hacen un uso regular del cloud computing, y el porcentaje se reduce al 2% en el caso del big data.
Las microempresas de menos de 10 empleados representan aproximadamente el 95% del tejido empresarial español, por lo que acelerar su digitalización podría contribuir a crear empleo y reactivar la economía. Según el informe, la transformación digital de España podría tener un impacto que podría alcanzar un valor anual equivalente al 1,8% del PIB hasta 2025.
Formación digital
La capacitación digital se presenta como una oportunidad ante la situación actual. Sin embargo, según el informe todavía queda camino por recorrer en España para lograr un nivel óptimo. En la dimensión de capital humano que refleja el indicador DESI, el país baja hasta la posición 17 del ranking (3,5 puntos menos que la media de la UE).
Poco más de la mitad de las personas entre 16 y 74 años poseen capacidades digitales básicas, aunque la tendencia es positiva, al igual que en el caso de los usuarios avanzados, que han pasado del 32% en 2017 al 36,1% en 2019. Por otra parte, el 14,5% de la ciudadanía no compra online ni hace un uso generalizado de la administración electrónica, por falta de habilidades o conocimientos.
Asimismo, la formación en competencias digitales es un factor determinante en la empleabilidad y de cara a afrontar los trabajos del futuro.
Inteligencia artificial
El informe ‘La Sociedad Digital en España 2019’ también hace una mención especial a la inteligencia artificial, que se ha convertido en la tecnología más disruptiva. Sus aplicaciones abarcan desde la compra online, pasando por servicios de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, hasta el auge del uso de la voz en dispositivos electrónicos.
En España, hasta un tercio de los encuestados se dirige oralmente a los sistemas inteligentes de reconocimiento de voz y las proyecciones apuntan a que de aquí a diez años la mayoría de las compañías habrán incorporado dispositivos inteligentes en sus procesos de negocio.
En definitiva, el informe revela que cada vez más aspectos de la vida cotidiana tienen una relación directa con la tecnología y las redes, y que la sociedad española es cada vez más digital. Aunque es necesario un contrato social entre gobiernos, empresas y sociedad civil para una transición justa que reduzca la brecha digital.