El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, remitió el pasado martes el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE) al Congreso de los Diputados. Con ello, se impulsarán medidas para que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050, en línea con el aumento de ambición marcado por la Unión Europea y el Acuerdo de París.
El pasado martes, el Consejo de Ministros remitió a las Cortes el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se encargó de desgranar en rueda de prensa.
Así, España fija por ley sus objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20% para 2030 con respecto a los niveles de 1990, de lograr un sistema eléctrico 100% renovable antes de mitad de siglo, y alcanzar al menos un 35% de consumo final de energía de origen renovable y un 70% en el caso del sistema eléctrico al final de la década, con la meta final de la neutralidad de emisiones antes de 2050.
Contenido del proyecto
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética recoge en un texto legal la necesidad de emprender políticas públicas de adaptación al cambio climático. El proyecto de ley articula una respuesta transversal de España a un desafío al que el país es especialmente vulnerable, basada en los principios de desarrollo sostenible, justicia social, resiliencia, precaución y no regresión de los avances logrados, protección y promoción de la salud pública, mejora de la competitividad de los sectores productivos y cooperación entre administraciones.
El texto consta de 36 artículos distribuidos en nueve títulos y es fruto de un proceso de participación pública y revisión iniciado en febrero de 2019, y que ha contado con las aportaciones del Consejo Asesor del Medio Ambiente, el Consejo Nacional del Clima, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Estado, entre otras.
Hacia la movilidad sostenible
El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética plantea un marco de descarbonización progresiva hacia la movilidad sostenible, que favorece la adaptación industrial y tecnológica, y abre nuevas oportunidades de negocio. De esta manera, el conjunto de las administraciones públicas pondrá en marcha mandatos que posibiliten un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 2050. Para ello, deberán adoptar medidas para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos sean vehículos de emisiones nulas no más tarde de 2040.
El PLCCTE señala el papel de las ciudades en la consecución de los objetivos del clima, favoreciendo la creación de espacios más saludables y habitables, con una mejor calidad del aire. En este sentido, los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán medidas de mitigación para reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones antes de 2023, acciones para facilitar los desplazamientos a pie y en medios de transporte activo, así como el fomento del uso del transporte público, y de la movilidad eléctrica compartida y privada.
En esta línea, la ley también potenciará el despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica en todo el territorio nacional. Así, se instalarán progresivamente puntos en las estaciones de servicio con un mayor volumen de venta, que actualmente suponen el 10% de la red.
Asimismo, cualquier medida de regresión en cuanto a las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del Gobierno y del órgano autonómico competente en materia medioambiental. De igual forma, las comunidades insulares podrán instar al Estado al establecimiento de medidas de promoción de movilidad limpia.
Herramientas y recursos para la acción climática
Los objetivos del PLCCTE se implementarán a través de los sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC) y de la Estrategia a Largo Plazo 2050, cuya primera versión se está ultimando.
Junto a estos instrumentos de planificación, el proyecto diseña un marco de gobernanza para reforzar la participación, con la creación del Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética, cuyas recomendaciones se plasmarán en un informe anual que se debatirá en el Congreso; y mediante fórmulas que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos, así como del público. Además, a partir del 31 de diciembre de 2021, las comunidades autónomas deberán informar de sus planes de energía y clima en vigor en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.
En cuanto a la financiación, se establece que un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado se destinará a contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética, con una cantidad equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la UE y que será revisada al alza por el Gobierno antes de 2025.