El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE) comienza su fase final de tramitación administrativa. El nuevo texto fija como obligación que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares establezcan zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es una herramienta orientada a la descarbonización de la economía española en 2050. El nuevo borrador cuenta con 37 artículos -nueve más que el texto anterior- y el nuevo título incluido está dedicado a la gobernanza y la participación pública, estableciendo un Comité de Cambio Climático y Transición Energética responsable de evaluar y hacer recomendaciones, así como de elaborar un informe anual que será remitido al Congreso de los Diputados.
Tras haber sido sometido a información y audiencia públicas e incorporar las alegaciones resultantes del proceso, además de haber sido informado por los demás departamentos ministeriales, el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) se reunió el pasado 10 de febrero para su toma en consideración. El próximo paso será tratar el borrador en Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas y por el Consejo de Estado, fase previa a su remisión al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria.
El texto del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética responde al compromiso adquirido por España mediante la firma del Acuerdo de París, y se alinea con el Pacto Verde Europeo y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).
Movilidad urbana sostenible
Según las estadísticas, el transporte es el sector con mayor peso en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El tráfico por carretera, por sí solo, representa un 25% del total de estas emisiones, de las que un tercio se concentran en aglomeraciones urbanas. Así, el nuevo borrador establece como obligación que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares constituyan zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023 e indica que dichas áreas impulsen medidas de movilidad eléctrica compartida.
En la misma línea, el Gobierno desarrollará y pondrá a disposición del público una plataforma de información sobre puntos de recarga para vehículos eléctricos y obligará a instalar tomas de recarga a los lugares contemplados en el anteproyecto; como es el caso de las estaciones de servicio con un volumen de ventas superior a los 5 millones de litros de gasóleo y gasolina, que estarán obligadas a instalar al menos un punto de recarga rápida.
Por otro lado, está previsto que el sector del transporte marítimo y puertos reduzca paulatinamente sus emisiones, mientras que las administraciones tendrán el deber de adoptar medidas para alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 de cara a 2050.
Lucha contra el cambio climático mediante la participación ciudadana
El nuevo texto del anteproyecto amplía el porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado que deberán contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. Así, la cifra final será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, superior al 20% fijado anteriormente.
Además, incorpora la obligación al Operador del sistema eléctrico, al Gestor Técnico del sistema gasista y a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) de elaborar un informe sobre riesgos y oportunidades asociados a un sistema energético descarbonizado sobre su actividad, estrategia y planificación financiera.
Otra novedad del título dedicado a la gobernanza y la participación pública es que establece que las comunidades autónomas informen sobre sus planes de energía y clima a partir del 31 de diciembre de 2021 a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático. Igualmente, el texto fija que los planes y estrategias en materia de lucha contra el cambio climático deberán desarrollarse con la participación de los agentes sociales y económicos interesados, y recoge la gobernanza para reforzar las obligaciones de información del Gobierno en esta materia.
Neutralidad climática en 2050
El anteproyecto de ley mantiene las dos principales referencias temporales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, introducir energías renovables y mejorar la eficiencia energética: 2030 y 2050.
Así, el texto fija la meta de reducir las emisiones de GEI en un mínimo de un 20% con respecto a 1990 para el año 2030. Establece también para ese mismo año el objetivo de generar el 70% de la electricidad con renovables, asegurar que al menos el 35% del consumo final de energía proviene de fuentes limpias y mejorar la eficiencia energética en al menos un 35% con respecto al escenario tendencial.
De esta manera, para el año 2050 España debe alcanzar la neutralidad climática y el sistema eléctrico deberá ser ya 100% renovable.