La Junta de Castilla y León prepara una nueva Ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización, para lo que ha abierto el espacio de participación del Portal de Gobierno Abierto, como parte del procedimiento previo a la elaboración de un anteproyecto de ley, para recibir aportaciones que puedan formar parte del futuro texto legislativo. La consulta estará abierta hasta el próximo 18 de noviembre.
En el documento expuesto, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior fija entre los objetivos de la normativa que la transparencia facilite un control eficaz de la gestión pública e impulse la participación ciudadana en el diseño, la elaboración, la aprobación, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas.
Objetivos de la nueva ley
Por su parte, el vicepresidente Francisco Igea, responsable de la consejería competente en materia de regeneración democrática y calidad política, expuso la semana pasada en el Consejo de Gobierno las principales características del nuevo proyecto legislativo. El Gobierno autonómico considera que es preciso disponer de un nuevo marco normativo que dé respuesta a todas las acciones surgidas en el ámbito del ejercicio de acceso a la información pública, participación ciudadana y rendición de cuentas de la Administración autonómica.
Otro objetivo de la nueva norma es que el ámbito de aplicación se extienda a las entidades locales, a las Cortes de Castilla y León y a las instituciones propias de la comunidad, que dependen de ella, como el Procurador del Común, Consejo de Cuentas, Consejo Económico y Social y Consejo Consultivo. También se aplicará a las corporaciones de Derecho Público, las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan funciones administrativas, y los centros concertados, en especial en el ámbito de la educación, sanidad, deporte y servicios sociales.
Acceso a la información pública y su reutilización
Además, entre las finalidades de la nueva ley se encuentra la eliminación de trabas para que sea efectivo el derecho de acceso a la información pública y hacer que las obligaciones de publicidad activa no serán exclusivamente de mínimos, sino que resultará compatible con los compromisos o “pactos de transparencia” que adopte la Administración, como la publicación de alguna información relevante en el portal de transparencia o de iniciativas que mejoren la transparencia en algún proceso.
Según informa la Junta de Castilla y León, la reutilización de la información pública «se impulsará mediante esta nueva ley, constituyéndose en motor del crecimiento económico merced a la explotación de los datos que se generan con la actividad y la gestión públicas ordinarias».
En esta cuestión, las pretensiones están alineadas con las estipuladas en la Carta Internacional de Datos Abiertos, a la que la Junta de Castilla y León ya se ha adherido, y que incluye datos abiertos por defecto, oportunos y exhaustivos, accesibles y utilizables, comparables e interoperables para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana, así como para el desarrollo incluyente y la innovación.