La Unión Europea ha fijado objetivos obligatorios para el uso de vehículos de bajas emisiones y cero emisiones en la contratación pública en todos los estados miembros. Este jueves los ministros de cada uno de los estados miembros han adoptado la directiva que ya ha sido aprobada por el Parlamento Europeo y que se publicará próximamente en el Diario Oficial de la UE para su posterior entrada en vigor.
La reforma establece objetivos mínimos de contratación pública a nivel nacional para vehículos ligeros (turismos y furgonetas) y vehículos pesados (camiones y autobuses) limpios y un método simple para calcularlos. Las medidas cuentan con dos periodos distintos de referencia: uno termina en 2025 y el otro, en 2030.
El Consejo considera que las nuevas normas estimularán la innovación y promoverán la competitividad mundial de la industria europea, además de que los vehículos limpios están llamados a desempeñar un papel clave en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo que ayudarán a la UE a cumplir los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.
Nueva definición de «vehículo limpio»
«Hay mucho en juego: el aire que respiramos, el cambio climático y la competitividad de nuestra industria», ha destacado Răzvan Cuc, ministro de Transportes de Rumanía y presidente del Consejo, «la promoción de los vehículos limpios en la contratación pública constituye una de las principales iniciativas estratégicas que debe convertirnos en lo que queremos ser: líderes mundiales en descarbonización».
El texto incluye una nueva definición de «vehículo limpio». La definición de los vehículos ligeros limpios se basa en normas sobre emisiones de CO2, con un umbral de cero emisiones de CO2 a partir de 2026. La definición de los vehículos pesados limpios se basa en el uso de combustibles alternativos. Además, hay objetivos secundarios para los autobuses de emisión cero.
Dos años para que los estados adapten su normativa
El ámbito de aplicación de las normas se amplía en cuanto a las prácticas de contratación pública que abarca. Las nuevas normas también se aplicarán a una gama más amplia de servicios, entre los que figuran los servicios de transporte por la vía pública, los servicios de transporte de pasajeros para fines especiales, los servicios de recogida de basuras y los servicios postales y de entrega de paquetes.
Una vez la Directiva entre en vigor, a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la UE, los estados miembros tendrán un plazo de dos años para adoptar disposiciones nacionales. Además, tendrán que informar a la Comisión sobre su aplicación cada tres años. Deberán presentar el primer informe a más tardar el 18 de abril de 2026.