Un piloto intercambia datos entre servicios sociales y de empleo para atender a personas en riesgo de exclusión

primera reunión del proyecto piloto, en la que ha participado responsables del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), junto a representantes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, impulsores del proyecto.

Aragón forma parte de un proyecto piloto estatal de intercambio de información entre los servicios sociales y los de empleo en el marco de la Red de Inclusión Social (RIS). Su objetivo es favorecer una actuación coordinada de ambos servicios en la atención a las personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de itinerarios de inserción sociolaboral.

Primera reunión del proyecto piloto, en la que ha participado responsables del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), junto a representantes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, impulsores del proyecto.

El proyecto de la RIS parte de un grupo de trabajo de la propia red centrado en identificar fuentes de información relevantes y formas de compartirlas entre los servicios de empleo y los servicios sociales, de cara a mejorar el trabajo realizado por ambos sistemas con las personas usuarias y su evaluación y seguimiento.

Primera reunión del proyecto piloto

Se trata, de manera específica, de explorar las posibilidades del Sistema de Información de Usuarios de los Servicios Sociales (SIUSS) y de los sistemas desarrollados por las comunidades autónomas para medir la empleabilidad de las personas en riesgo y de combinarla con información sobre las herramientas de políticas activas de empleo.

Este miércoles ha tenido lugar la primera reunión del proyecto piloto, en la que ha participado responsables del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), junto a representantes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, impulsores del proyecto.

 
 
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