Una guía jurídica y técnica orienta a la administraciones y organismos del sector público en el cumplimiento de la normativa que obliga a que tanto sus páginas webs como sus aplicaciones móviles (Apps) sean accesibles para todas las personas.
La guía ha sido publicada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y por la Fundación Derecho y Discapacidad y ha sido elaborada por la profesora Esperanza Alcaín y por María Asunción Arrufat, doctoranda en la Universidad de Granada y especialista en accesibilidad universal.
Exigir el cumplimiento de la normativa a toda la sociedad
La profesora Alcaín ha explicado durante la presentación del documento que se planteó elaborar la guía para facilitar el cumplimiento de la legislación, “facilitando así que se puedan cumplir los plazos, porque no solo contiene información jurídica, sino también criterios técnicos para que las webs y apps sean accesibles”.
Además, ha reclamado que se dé formación a los trabajadores de todas las administraciones para que se conozca la normativa y que de este modo se pueda cumplir. También ha recordado que las administraciones no solo están obligadas a implementar la normativa, sino que también «tienen que exigir su cumplimiento a toda la sociedad».
Obligatoriedad para todas las administraciones públicas
En España, es el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre el que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/2102, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público, que incluye la Administración General del Estado, administraciones autonómicas y locales, las entidades públicas y privadas dependientes de ellas, las universidades públicas, la Administración de Justicia, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Banco de España, entre otros.
María Asunción Arrufat ha destacado como uno de los avances más importantes de la legislación el hecho de que las administraciones estén obligadas a poner en marcha un canal a través del cual las personas con discapacidad puedan solicitar información sobre sus criterios de accesibilidad, pedir material accesible o plantear quejas y sugerencias. “Las personas con discapacidad necesitan la accesibilidad, y eso es algo que se tiene que garantizar. Esta guía es cercana y sencilla para aplicarse”, ha añadido Arrufat.
Por su parte, el presidente del CERMI ha comentado que “la transformación digital es profundamente liberadora y emancipadora para las personas con discapacidad, pero para ello, tiene que estar concebida y aplicada en clave de accesibilidad universal”, puesto que, de lo contrario, aumenta la brecha digital, consiguiendo el efecto contrario. “En cierta manera, la exclusión de las nuevas tecnologías es la muerte social para las personas con discapacidad, porque se nos priva de un bien fundamental en la sociedad, tanto en el presente como en el futuro”, ha aseverado.