Las aplicaciones para dispositivos móviles de todo el sector público deberán ser accesibles para personas con discapacidad, en cuanto se aplique el Real Decreto-ley aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros que traspone la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de las administraciones públicas.
El Real Decreto tiene como objetivo permitir que la ciudadanía tenga un acceso más amplio a los servicios del sector público, así como garantizar la igualdad y no discriminación en el acceso de todos los usuarios, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores.
Instrumentos para garantizar el cumplimiento de accesiblidad
Además, establece un mecanismo para que los usuarios puedan comunicar al organismo del sector público cualquier posible incumplimiento de los requisitos de accesibilidad establecidos, permite que las personas interesadas puedan solicitar información sobre contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto o que no tienen la obligación de cumplir con los requisitos de accesibilidad y crea la «Unidad responsable de accesibilidad» que será la encargada de coordinar y hacer efectivas las previsiones, y actuará de canalizadora de la información hacia el organismo encargado del seguimiento y presentación de informes.
Hasta el momento, el deber legal de accesibilidad digital en España se limitaba a los sitios web públicos, con lo que ahora se amplía a las aplicaciones móviles, canales digitales que han proliferado en los últimos años. Con la adopción de este real decreto, España culmina el proceso de transposición de la Directiva europea, para la que tenía un plazo que expiraba el próximo 26 de septiembre.
Según informa el Comités Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), este organismo ha participado activamente estos últimos meses en la redacción de la norma reglamentaria «a través de un diálogo intenso, con propuestas y aportaciones» junto a la Secretaría de Estado de Función Pública del ministerio de Política Territorial y Función Pública, que ha sido el centro directivo gubernamental promotor de este real decreto.