El Gobierno de Canarias tiene previsto eliminar el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) en la compra de coches eléctricos, motos y bicicletas eléctricas, así como en híbridos cuyas emisiones no excedan de 110 gramos de CO2 por kilómetro. Así lo anunció la semana pasada el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que presentó la proposición del ley que prepara el Ejecutivo.
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, explicó el objetivo del Gobierno es que en el año 2030 el porcentaje de vehículos eléctricos en el parque móvil del Archipiélago se sitúe en el 25%, «en consonancia con la meta establecida por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático».
Fiscalidad para una movilidad sostenible
Clavijo quiso destacar que esta normativa «es la primera de toda España porque en un territorio insular, por definición limitado y singular en todo lo vinculado con el medio natural, no podemos permitirnos que la amplia flota de vehículos siga contaminando».
La responsable de Hacienda señaló que la intención es «utilizar la fiscalidad para impulsar una movilidad sostenible, sin penalizar al sector del automóvil en su conjunto» y detalló que el impacto sobre la recaudación de la Comunidad Autónoma será de unos dos millones de euros.
Menos impuestos al alquiler de vehículos eléctricos
Dávila resaltó durante la rueda de prensa que la proposición de ley también contempla que el alquiler de los vehículos eléctricos y bicicletas tribute al tipo cero, mientras que los híbridos y ciclos lo harán al 7%, en lugar del 13,5% que se aplica sobre el alquiler de coches convencionales.
La proposición de ley también contempla la eliminación del impuesto cuando el propietario decida instalar un sistema de alimentación ecoeficiente en los vehículos que utilicen gasolina o gasóleo, de forma que puedan transformarlo en híbrido.
Con esta ley, Canarias equipara su normativa fiscal a la de un país como Noruega, donde la compra de vehículos eléctricos está exenta de IVA. La proposición de ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOC, una vez que haya superado el trámite parlamentario.