Telefónica presentó este lunes la segunda edición de su Manifiesto Digital en el que define las claves de las que deberían ser las políticas públicas de las democracias de la era digital para asegurar que los beneficios de la digitalización lleguen a todas las personas en un entorno de rápidos cambios tecnológicos, políticos y sociales.
El nuevo Manifiesto es un documento renovado con respecto al primero presentado en 2014 en el que Telefónica subraya los beneficios de la tecnología digital para mejorar la vida de las personas y la sociedad en general, y alerta de los posibles riesgos que esta nueva era de disrupción tecnológica traerá. La multinacional entiende que estos riesgos deben ser mitigados de forma conjunta por gobiernos y empresas a través de nuevos modelos regulatorios y políticas sociales que a su vez no pongan obstáculos al desarrollo económico y la innovación.
Mayor colaboración público-privada
“Es hora de alcanzar un nuevo consenso, un Nuevo Pacto Digital que garantice que los importantes beneficios derivados de la digitalización son accesibles para todos”, señala en el prólogo del Manifiesto José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica. “Para ello es necesario una modernización de instituciones sociales, económicas y democráticas, así como una mayor colaboración público-privada”.
Telefónica sostiene que muchas de las normas y marcos regulatorios actuales no están adecuados a los retos que plantea el nuevo y complejo entorno digital. Para adaptarlos, consideran que es necesaria la colaboración entre múltiples agentes sociales que definan las bases de un uso justo y democrático de las nuevas tecnologías. «Una digitalización sostenible con foco en las personas requiere de profundos cambios en las políticas públicas que garanticen que la tecnología reduce la desigualdad», destaca la compañía.
Cinco puntos para un Nuevo Pacto Digital
El manifiesto desgrana cinco principios que deberían guiar el debate de un Nuevo Pacto Digital:
Digitalización inclusiva
El primero, «la digitalización debe ser un proceso inclusivo del que todos podamos participar». Indican que aún hay miles de millones de personas en el mundo sin conectividad y, por tanto, sin posibilidad de digitalización. Consideran que el despliegue de banda ancha debe ser una prioridad para la Administración Pública, mientras que el sector privado tiene que dar con nuevos modelos de despliegue de infraestructuras y comercialización de banda ancha en zonas sin acceso que sean sostenibles desde el punto de vista económico y que obtengan respaldo regulatorio y fiscal.
Políticas sociales y fiscales
En segundo lugar, creen que «las políticas sociales y fiscales deben adaptarse a las sociedades digitales actuales». En este sentido reclaman a la Administración que colaboren con otros agentes sociales para ofrecer formación que garantice el derecho al empleo de las personas ante el riesgo de la automatización de muchos trabajos mediante IoT e inteligencia artificial, además de modernizar y adaptar sus políticas sociales a la realidad de los nuevos mercados para proteger los derechos de los trabajadores. Además, considera que debe implementar un sistema fiscal claro que obligue a las plataformas globales de servicios digitales a pagar los impuestos locales correspondientes y contribuir de forma equitativa al desarrollo de los países donde operan.
Transparencia sobre uso de datos
En tercer lugar, creen que «los usuarios deben conocer de forma trasparente sus datos y tener el control sobre cómo y cuándo utilizarlos» para poder tener su confianza y poder explotar el potencial de los datos como impulsor de cambios sociales positivos. Consideran que son necesarias nuevas formas de colaboración público-privada y un esfuerzo adicional para garantizar la seguridad de los productos y servicios digitales.
Plataformas digitales comprometidas
En cuarto lugar afirman que para «la sostenibilidad de Internet son necesarias plataformas globales de servicios digitales más responsables y comprometidas con el desarrollo social». Instan a gobiernos y organismos regulados a velar por la aplicación de los valores y leyes existentes, así como a supervisar los mercados para evitar posiciones de dominancia de las grandes plataformas globales con respecto a los datos. También recuerdan que es necesario asegurarse del uso ético de la inteligencia artificial y los algoritmos por parte, sobre todo, de estas grandes plataformas.
Modernización de políticas sociales y derechos digitales
Por último, creen que «es necesaria una modernización de las políticas sociales y de los derechos de los ciudadanos en el mundo digital», abogando por una Carta de Derechos Digitales pensada en las personas y que proteja también sus valores y derechos fundamentales en el mundo digital. La legislación y supervisión de los mercados debe enfocarse en la regulación de actividades (“el qué”), en lugar de una regulación de entidades (“el quién”), aplicando por tanto el principio de mismo servicio mismas reglas.
Además entienden que «los políticos, a su vez, deben de dar con soluciones globales y regionales a problemas ‘sin fronteras’ derivados de la propia naturaleza de Internet. Para ello es necesario reforzar la colaboración internacional y solucionar asuntos espinosos consecuencia de la oferta de servicios digitales globales y el flujo internacional de datos».