La Junta de Andalucía acuerda la elaboración de la Estrategia para el Impulso y Consolidación de la Compra Pública de Innovación (CPI) en la Administración Pública, un documento que permitirá la contratación de productos y servicios que aún no están disponibles en el mercado cuando se detecte cubrir una necesidad concreta, para lo que disponen de un presupuesto de 50 millones de euros de fondos Feder hasta finales de 2020.
Este tipo de estrategias suponen un impulso a la innovación, apoyan el desarrollo empesarial y suma a las empresas al potencial innovador de de las universidades y centros de investigación. Por otra parte, trata de mejorar la prestación de los servicios públicos a través de la I+D+i. Las soluciones más demandadas se relacionan con tecnologías big data, sensores, reciclaje de materiales y residuos, aplicaciones y plataformas TIC y sistemas de gestión de la información, así como pseudosatélites (Hapsa) o drones.
Diagnóstico de necesidades tecnológicas en la Administración Pública
En los próximos tres años se prevé la adquisición por parte del sector público andaluz de un mínimo de 14 bienes o servicios innovadores. En lo relativo al porcentaje de empresas que realizan innovaciones tecnológicas, se marca como objetivo elevarlo desde el 10% de 2015 hasta el 17,5% en 2023, año en el que se cierra la ejecución de los proyectos previstos en el marco del Feder. La Junta ha consignado una partida de 10 millones de euros para este fin en 2018.
Actualmente, la Consejería de Economía y Conocimiento cuenta con un informe en el que se han detectado 168 necesidades tecnológicas de productos y servicios en la Junta de Andalucía que pueden lograr una mejora en la gestión de la Administración y en la atención a la ciudadanía, y para las que aún no se han creado herramientas adecuadas.
Este diagnóstico servirá de documento de partida a la hora de elaborar la estrategia, que se gestará en este año con el fin de poner en marcha las primeras compras en áreas fundamentales como medio ambiente, agricultura, salud, asuntos sociales o fomento. A diferencia de la licitación convencional, con la CPI la Administración tiene que especificar el desarrollo futuro del producto o servicio que necesita y sus características.
El texto será elaborado por iniciativa de la Consejería de Economía y Conocimiento a través de un grupo de trabajo y una comisión de redacción coordinada por la Agencia Andaluza del Conocimiento y con representación de los distintos departamentos de la Junta y de expertos en CPI. Tras la evaluación de su conformidad con la planificación económica regional, la aprobación definitiva corresponderá al Consejo de Gobierno.