Hasta 130 municipios de la provincia de Valencia se han sumado a la plataforma de Administración Electrónica I-pobles desarrollada por la Diputación de Valencia para facilitar a los municipios de menos de 20.000 habitantes el cumplimiento de las leyes 39 y 40 de 2015 sobre tramitación electrónica en la Administración Pública.
La plataforma fue creada el año pasado y desde su puesta en funcionamiento, 17 de las 130 localidades adheridas, forman parte de un proyecto piloto para las pruebas y mejoras de I-pobles. Se trata de Albal, Alberic, Algar de Palància Bellús, Benifairó de la Valldigna, Bugarra, Bunyol, Corbera, Guadassuar, Manuel, Meliana, Pinet, Puçol, Rafelbunyol, Torrella, Vallada i Vallés.
Municipios piloto
Estos pueblos piloto recibirán los próximos días una visita del diputado para solucionar deficiencias de la aplicación y las dudas que hayan podido surgir durante este periodo como usuarios de la aplicación. Durante el año pasado sus técnicos, regidores y alcaldes han recibido formación específica para utilizar esta plataforma.
La plataforma facilita que los ciudadanos puedan obtener sus certificados electrónicos y hacer sus trámites desde casa. Además se podrá ver el estado de un trámite en todo momento y qué departamento ha de informar de la petición en cuestión, permitiendo la comunicación posterior y la notificación digital por parte del ayuntamiento.
Interés de otros municipios
El grado de aceptación de la nueva plataforma por parte de los ayuntamientos de la provincia es positivo ya que, según el responsable de Modernización y Desarrollo de la Administración Electrónica de la Diputación, Ivan Martí, además de los 130 pueblos adheridos, hay “otros municipios que han estado preguntando y sabemos de otros que están a la expectativa por ver cómo funciona el proyecto para también adherirse”.
Martí apuntó, además, que muchas localidades ya tienen un sistema propio de administración electrónica o que tienen contratado con empresas externas. En este sentido, señaló que muchas localidades están esperando el vencimiento del contrato con estas empresas y la evolución de la aplicación de la Diputación. También recordó que cada “ayuntamiento tiene su autonomía para decidir si quiere adherirse a este servicio que les da la Diputación de manera gratuita o prefieren optar por otras alternativas que hay en el mercado o que ellos mismos pueden hacer”.