El Consejo de Gobierno andaluz aprobó el pasado martes la Política de Gestión de Documentos Electrónicos para la Junta de Andalucía que establece los criterios y normas técnicas que debe aplicar la Administración autonómica y sus entidades instrumentales en este ámbito.
La estrategia, elaborada conjuntamente por las consejerías de Hacienda y Administración Pública y de Cultura, centra sus objetivos en garantizar la conservación, tratamiento y recuperación de los documentos en el espacio electrónico, así como su validez, perdurabilidad, seguridad, disponibilidad, confidencialidad e interoperabilidad. Las medidas dirigen también a facilitar el cumplimiento de los derechos y obligaciones que recogen las recientes normativas autonómicas de transparencia, buen gobierno y Administración abierta.
La nueva política completará la regulación que aborda la gestión documental en el ámbito de la Junta, integrada, entre otras normas, por la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, y el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos, aprobado en 2000. Destacan también la orden de 2007 del Sistema de Información para la Gestión de los Archivos de titularidad de la Junta y la aprobada en el año 2000 sobre la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos.