Casi seis de cada diez licitaciones sobre productos y servicios de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) del total de concursos de contratación pública TIC incorporaron, de alguna forma, el concepto de accesibilidad entre 2011 y 2015 en las administraciones españolas. Durante este periodo, la contratación pública TIC accesible movió más de 10.600 millones de euros en España.
Son los datos extraídos del informe Compras TIC relacionadas con la accesibilidad en la contratación pública en España, elaborado por el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) y presentado la pasada semana en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en Madrid.
Estos datos cobran especial relevancia en un momento en el que la legislación ha dado un fuerte impulso para garantizar el derecho de todas las personas, independientemente de sus capacidades, a disfrutar de los servicios públicos para los que se usan las tecnologías de la información en igualdad de oportunidades.
Y es que todas las administraciones públicas, tanto de la Administración General del Estado, como de las comunidades autónomas y administraciones locales, tiene que incluir criterios de accesibilidad en las licitaciones de productos y servicios de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Es obligatorio desde el 18 de abril de 2016, fecha en la que terminó el plazo para que los estados miembros adaptaran a su cuerpo legislativo la Directiva 2014/24 de Contratación Pública.
Un año después, España no ha llevado a cabo la transposición de la Directiva, cuyo proyecto de ley nacional se encuentra en tramitación. Se espera que quede aprobado no más allá de este verano. La interinidad del Gobierno durante la mayor parte de 2016 parece ser el motivo de este retraso, puesto que esta situación impedía el envío a las Cortes de cualquier proyecto de ley.
Sin embargo, la ausencia de una ley nacional que adapte la Directiva no exime a las administraciones públicas de la obligatoriedad marcada en la norma europea, con lo cual, en este momento, cualquier licitación de compra pública TIC tiene que redactarse con perspectiva de accesibilidad y sus criterios deben supervisarse y cumplirse a lo largo de todo el proceso de contratación.
Adaptar la industria de las TIC al derecho a la Accesibilidad
“Hay un antes y un después con la entrada en vigor de la Directiva”, explicó Juan Carlos Ramiro, director general de CENTAC, ya que la inclusión de criterios de accesibilidad en las licitaciones “ahora es obligatorio y no lo vamos a tomar como un dolor de cabeza, si no como una oportunidad, como un nuevo nicho de negocio”.
Y orientar, tanto a administraciones licitadoras como a empresas que opten a estos concursos públicos, es uno de los objetivos con los que se presenta el informe elaborado por Rosa María Tejerina, gerente de proyectos de CENTAC. “Ofrecemos herramientas para la incorporación de los criterios de accesibilidad, por una parte, a las administraciones públicas, tanto en sus pliegos de condiciones como en el resto de fases del proceso de contratación y, por otra parte, para las empresas”, explicó a ESMARTCITY la autora del informe.
Una vez que ha entrado en vigor la Directiva 2014/24 y que en unos meses España contará con su propia norma al respecto a través del todavía Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, la industria tiene que adaptarse para poder ofrecer productos y servicios TIC que den respuesta a las demandas del sector público si no quiere quedarse fuera del mercado.
En este sentido se pronunció el director General del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), Jorge Pérez, que consideró la necesidad de hacer que “la regulación acabe en una industria TIC, eso es una oportunidad y aún no se ha alcanzado”.
Las respuestas a muchas de las dudas que puedan surgir tanto a administraciones públicas licitadoras como a empresas que quieran concurrir a concursos las resuelve el informe CENTAC a través de la norma técnica EN 301 549 de Requisitos de accesibilidad adecuados para la contratación pública de productos y servicios TIC en Europa, un estándar europeo que fue adaptado a principios de 2016 por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
“Esta norma trata de una manera muy pormenorizada y exhaustiva las condiciones que deben tener los servicios y productos TIC para los diferentes tipos de necesidades de las personas y las barreras con las que se encuentran. Incluso ofrece herramientas para evaluación”, explicó la autora del informe, que recomienda tanto a empresas como a administraciones “conocer muy bien esta norma”, ya que es la clave para poder poner en marcha un proceso de licitación TIC con criterios de accesibilidad.
Las administraciones locales lideran en licitaciones sobre accesibilidad
El informe, además de ser una guía para el futuro, ofrece una radiografía de la penetración de la accesibilidad en los contratos públicos TIC en el periodo analizado (2011-2015). Pone de manifiesto que donde mayor peso tuvieron estas contrataciones fue en las entidades locales, con un 67% del total de licitaciones TIC, seguidas de las comunidades autónomas (66%). En la Administración General del Estado la cifra fue del 49% de las licitaciones TIC en el periodo analizado.
“Una posible explicación es que las entidades locales son, por norma general, las que prestan un servicio más directo al ciudadano”, explicó Rosa Tejerina. Además, Tejerina confirmó que el número de licitaciones TIC relacionadas con discapacidad, accesibilidad, mayores o dependencia y su cuota sobre el total de licitaciones relacionadas con productos y servicios tecnológicos ha crecido de forma sostenida durante el periodo estudiado.
Si se suman todas las licitaciones generadas por las diferentes administraciones públicas dentro de cada comunidad autónoma, incluyendo las estatales y locales, podemos ver que Aragón es la única que supera la media nacional de cuota de licitaciones TIC accesibles en los últimos cinco años. Tres CCAA superan la media nacional en los últimos cuatro años (Canarias, Islas Baleares y Galicia) y otras cuatro comunidades superan la media en tres años (Andalucía, Extremadura, Madrid y Murcia).
La palabra ‘discapacidad’ es la que con diferencia aparece un mayor número de veces en las licitaciones TIC. Le sigue, a distancia, el término ‘minusvalía’, una palabra que en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de 2006 quedó derogada, por tanto, no debería emplearse en los pliegos de condiciones. También se emplean términos como ‘accesibilidad’, ‘WAI’ (Iniciativa para la Accesibilidad Web) y ‘usabilidad’.
El camino hacia la accesibilidad, también en el mundo de las nuevas tecnologías, ha supuesto un largo recorrido en el que, tal y como expresaron los responsables de CENTAC y ONTSI en el acto de presentación del informe, aún hay mucho por hacer. Sin embargo, se muestran optimistas ya que la accesibilidad en las TIC “es una herramienta poderosa para transformar la sociedad”, concluyó Rosa Tejerina.