Una vez que los países y organismos presentes en la Conferencia Hábitat III aprobaron la Nueva Agenda Urbana, que marca el camino que debe seguir durante los próximos 20 años el desarrollo de las ciudades para garantizar la sostenibilidad, equidad y desarrollo económico y social de todos sus habitantes, llega el momento de abordar su implementación. Un aspecto de vital importancia y para el que, según un informe del Foro Económico Mundial, es necesario integrar al sector privado estableciendo una colaboración público-privada eficaz y transparente.
Es la receta recomendada por esta organización mundial a través del documento y guía Aprovechar la colaboración público-privada para cumplir la Nueva Agenda Urbana editado este mismo mes de febrero de 2017. Sus autores entienden que “ya no es viable” que los gobiernos nacionales, regionales y locales “trabajen de forma aislada” y se les considere como únicos proveedores de infraestructuras y servicios urbanos. A lo que añade que, la manera de responder a la Nueva Agenda Urbana, es reconociendo el papel del sector privado en la provisión de estos servicios e infraestructuras.
Para defender esta posición, consideran que la cooperación público-privada aporta grandes beneficios en la implementación de estrategias de transformación urbana, con inversiones procedentes de fondos privados, con planteamientos innovadores en materia de ordenación urbana, “al tiempo que aseguran una mayor eficiencia”, mejorando la correlación entre coste y tiempo de ejecución de proyectos.
Participación ciudadana y transparencia
Sin embargo, el estudio también recuerda que para garantizar el funcionamiento de esta cooperación en el marco del desarrollo urbano sostenible, es necesario adoptar un enfoque multisectorial que involucre a la sociedad civil y el mundo académico en todas las etapas del proceso. Y es que, según esta idea, para construir un verdadero ecosistema de colaboración entre el sector público y el privado, debe cimentarse una relación de confianza entre todos los sectores involucrados en el desarrollo sostenible de las ciudades.
Por un lado, considerando a la sociedad civil como un socio más en la implementación de la transformación de las ciudades, “las intervenciones tienen más probabilidades de ser eficaces, asegurando al mismo tiempo que los resultados sean social y ambientalmente responsables”.
Por otra parte, la construcción de esa confianza entre la empresa, los miembros de la comunidad y la Administración, “puede limitar”, según expresa el estudio, “ciertos efectos inesperados y negativos de la dinámica del mercado que puedan afectar a la financiación del proyecto”. Es decir, es necesario un ambiente de confianza para afrontar las crisis y, con ello, que la cooperación público-privada pueda tener éxito.
En este sentido el informe considera que “se debe crear un proceso estructurado entre todas las partes interesadas, ya sea mediante consultas formales o informales”. La construcción de esta confianza se hace fundamental, ya que el Foro Económico Mundial cree que es necesario incorporar al mundo empresarial y de entidades privadas en “la formulación de políticas, la planificación, diseño, implementación, operación, mantenimiento y monitoreo de la prestación de servicios públicos, así como en su financiación”.
Para llevar a cabo este propósito, el Foro recuerda que “las entidades gubernamentales deben adherirse a los más altos estándares de ética y transparencia, así como evitar conflictos de intereses”, mientras que el sector privado, “debe establecer procedimientos internos para protegerse contra las prácticas poco éticas y tener políticas y procedimientos para emprender acciones legales ante cualquier violación”.
Apuesta por la innovación tecnológica
Desde el Foro Económico Mundial consideran que un factor clave en el proceso de cooperación público-privada, para llevar a la realidad la Nueva Agenda Urbana, es el papel de las tecnologías disruptivas que “representan una oportunidad significativa para mejorar el desarrollo urbano a través de la creación de inteligencia a partir de los datos que se originan en la ciudad”.
El informe de esta mismas organización, titulado Top Ten Urban Innovations, recomienda invertir en el desarrollo de “soluciones innovadoras escalables, replicables y centradas en las personas, ya sean soluciones sencillas o de alta tecnología, con un amplio poder transformador para cambiar la forma en que las ciudades y sus habitantes interactúan”.
El Foro entiende que la tecnología ofrece servicios que aumentan las economías de escala y alcanzan resultados sostenibles mediante modelos de negocio innovadores. Para lograr este fin, será necesario estas tecnologías digitales sean “ampliamente adoptadas” en un “ambiente fértil que fomente el prototipado y la experimentación”.
¿Qué debe hacer la Administración Pública?
El informe recoge una serie de recomendaciones dirigidas a la Administración Pública con el fin de construir un camino de colaboración con la empresa privada que resulte fructífero. Este camino implica cesiones por parte del sector público:
- Involucrar al sector privado desde el principio en la planificación y el proceso de diseño de las infraestructuras urbanas y la prestación de servicios, ya que la experiencia y el conocimiento en cuanto a los posibles escenarios económicos y riesgos ayudarán a la Administración en la planificación.
- Promover la economía colaborativa y circular para ofrecer nuevos modelos de crecimiento, que tienen el potencial de estimular la innovación, la creación de nuevos mercados y la redefinición del uso y disposición de los activos en una ciudad.
- La articulación de unas políticas claras para impulsar la cooperación público-privada y el desarrollo de una legislación transparente que sirva como marco de referencia para esta cooperación. El informe recomienda un cuerpo legal caracterizado por la “simplicidad, integridad, responsabilidad y certidumbre” que proporcione “orientación, previsibilidad y seguridad” durante la implementación de las estrategias de transformación urbana.
- Compromiso político fuerte y estable que proporcione a las empresas privadas un alto grado de certeza de que los proyectos seguirán adelante pese a los cambios de ciclo político y que recibirán el apoyo institucional necesario. El informe considera que es la manera de atraer al sector privado, teniendo en cuenta que los proyectos de infraestructuras y prestación de servicios públicos suelen desarrollarse a largo plazo.
- Establecer un sistema de resolución de conflictos, con un sistema de arbitraje que resuelva de forma eficaz las disputas y cuya imparcialidad esté garantizada. Además debe de estar dotado de los recursos adecuados.
- Promover el liderazgo y la independencia de las ciudades, es decir, descentralizar el desarrollo urbano otorgando a las ciudades financiación y responsabilidades.
¿Cuál es la responsabilidad del sector privado?
- Adoptar un enfoque proactivo ofreciendo al sector público soluciones innovadoras que puedan traducirse en oportunidades para las ciudades, además de mantener una actitud de diálogo con la Administración Pública y de apoyo al desarrollo de la infraestructura urbana con una oferta de servicios convincente y basada en la experiencia previa.
- Evaluar de forma realista los proyectos de prestación de servicios urbanos, tales como la necesidad y la urgencia del proyecto, su complejidad, las fuentes de financiación y de ingresos a lo largo del ciclo vital del proyecto y la implementación de iniciativas similares para tomarlas como referencia y fuente de aprendizaje.
- Compromiso y colaboración con las comunidades locales en el largo plazo. El informe hace hincapié en la necesidad de establecer una relación de confianza con la sociedad civil y el gobierno local desde el inicio de la planificación del proyecto. Una comunicación transparente y veraz sobre el impacto del proyecto, los beneficios, sus repercusiones (tanto las positivas como las negativas) y sobre sus resultados. Sin esta confianza, es difícil que los proyectos a largo plazo resistan.