La Comisión Europea quiere dar un impulso a la economía de los datos y para lograr su objetivo, ha presentado una Comunicación con soluciones para acabar con las restricciones a la libre circulación de datos a través de fronteras, sin perder de vista la protección de intimidad de las personas, además de la apertura de dos consultas públicas al respecto y un debate con los estados miembros y las partes interesadas para definir los siguientes pasos a dar.
Los estudios realizados por la Comisión, estiman que la economía de los datos supuso en la Unión 272.000 millones de euros en 2015 (con un crecimiento anual del 5,6%) y que podría dar empleo a 7,4 millones de personas para 2020.
Además, señalan que las numerosas restricciones jurídicas o administrativas, sobre todo en forma de requisitos de localización de los datos nacionales, afectan a la totalidad del mercado de datos de la UE. La supresión de estas restricciones podría generar hasta 8 000 millones de euros de PIB al año.
Aprovechamiento de la Economía de los Datos
Para potenciar el aprovechamiento de los datos para la economía europea, la ponencia de la Comunicación propone entablar diálogos con los Estados miembros para analizar si las restricciones de localización de datos son proporcionadas y a partir de toda la información que sea recabada, se pondrán en marcha medidas para combatir aquellas que sean injustificadas.
Por otra parte, la Comisión ha examinado igualmente la inseguridad jurídica creada por las novedades asociadas a la economía de los datos y quiere conocer las distintas opiniones sobre las posibles respuestas políticas y jurídicas en relación con el acceso a los datos no personales y su transferencia; la responsabilidad con respecto a los productos y servicios basados en datos y que sean defectuosos (la normativa de la UE en este sentido no está actualizada a estos productos y servicios digitales); y la portabilidad de los datos no personales, que actualmente es complicada.
La consulta sobre la construcción de una economía de los datos europea permanecerá abierta hasta el 26 de abril de 2017 y se tendrá en cuenta en una posible iniciativa futura de la Comisión al respecto, más avanzado 2017. La consulta sobre la evaluación de la Directiva sobre responsabilidad por los productos defectuosos se prolongará hasta el 26 de abril de 2017.