La firma electrónica se usa en el 95% de órganos judiciales andaluces

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha subrayado en el Parlamento que el 95 por ciento de los órganos judiciales de Andalucía ya utilizan la firma electrónica y que el número de documentos con firma digital en la Administración de Justicia asciende a 2,3 millones, desde el 1 de enero de 2016.

De Llera, en respuesta a una pregunta en el Pleno del Parlamento, ha señalado que la Junta ha dotado a los órganos judiciales de herramientas que permiten la gestión ágil de la documentación digitalizada con el visor de expedientes, que está operativo en todos los órganos judiciales. Para el acceso desde las salas de vista, se han dotado de portátiles a las 435 salas existentes y en todas ellas se permite la visualización de los documentos durante el juicio.

Además, se ha proporcionado a todos los órganos judiciales las aplicaciones necesarias para que puedan realizar comunicaciones telemáticas. Desde enero, se han contabilizado 7,8 millones de comunicaciones electrónicas en los juzgados y tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales, de los que más de 600.000 son escritos de inicio o trámite, casi siete millones son notificaciones que realizan los órganos judiciales a las partes en el proceso y doscientas mil corresponden a demandas presentadas.

De acuerdo con los datos del Ministerio, ha apuntado el consejero, Andalucía es una de las comunidades autónomas más avanzadas en la implantación del expediente digital. Hoy, todos los órganos judiciales y oficinas de registro y reparto están integrados en LEXNET. Este esfuerzo por parte de Andalucía, mereció una mención especial el pasado mes de junio en la reunión del Pleno del Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (CTEAJE).

Estas herramientas contribuyen al cumplimento de lo que marca la Ley 18/2011 sobre la tramitación digital de los procedimientos, que establecía como fecha de inicio para el expediente digital el pasado 7 de julio. Su implantación, es un mandato legal que permitirá una Justicia más eficaz, más ágil y más inmediata, ha señalado el consejero.

 
 
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